21 marzo, 2024
La defensa del exgobernador es puntual al evidenciar las fallas de la Fiscalía cuando estableció las supuestas irregularidades en los valores del IPC.
Última actualización marzo 21, 2024 a las 03:40 pm
El exgobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, habría sido hallado culpable de los delitos de peculado y contratación irregular relacionados con contratos millonarios para el Plan de Alimentación Escolar, PAE, esto según el fallo emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde donde se erigió una condena contra de 21 años y 8 meses de prisión, junto con una multa significativa para el exmandatario.
Sin embargo, en la mañana de este jueves 21 de marzo, ante la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Monsalvo Gnecco ha apelado la decisión de primera instancia, poniendo sobre la mesa la teoría de que la Fiscalía cometió errores en el cálculo al adelantar la acusación por el delito de peculado, misma que busca desvirtuar en segunda instancia la parte defensora para lograr la libertad del exgobernador del Cesar.
TE INTERESARÍA LEER: Condenado exgobernador, Luis Alberto Monsalvo por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar
En primera instancia la Fiscalía había señalado que el supuesto peculado alcanzaba $3.174.651.582, luego la Corte estableció que sería por $1.537.021.828, ante lo que la defensa de Monsalvo Gnecco advierte que el detrimento es cero, desde esta parte se expone que ni el primer monto ni el segundo son reales que, por el contrario, nunca existió peculado y que contrario a la versión del ente acusador, nunca hubo favorecimiento al particular, sino que el contratista tuvo pérdidas.
La defensa del exmandatario trata de evidenciar puntualmente las fallas de la Fiscalía cuando estableció las supuestas irregularidades en los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC), este programa fue formulado con precios de 2014 para ser ejecutado con precios de 2015 y por esto, se debió definir desde el mismo 2014 un valor aproximado que pudiera evitar este efecto o regla económica. La Gobernación definió este índice en 4,4% y la Fiscalía dice que debió ser de 3,66%, es decir, 0,74% menos. Eso fue un estimado, pero la realidad de la inflación y el IPC en 2015 fue de 6,77% en general y 10,85% para el grupo de alimentos como lo calculó en su informe anual el DANE. Es decir, el 4,4 % reconocido al contratista por la Gobernación debió subir a mínimo 6,77% con IPC General que, siendo un programa de alimentacion, debió usarse el IPC especifico del grupo alimentos de 10,85% para el 2015.
La teoría de la fiscalía dice que el valor de los tributos o estampillas debió ser de 4,5 % y no 5,5%, cuando la defensa demuestra que 4,5 % son las estampillas departamentales y con el 1 % del Impuesto de Industria y Comercio, de orden municipal, el valor correcto es 5,5 %. Situación que pone en evidencia la omisión por parte de la Fiscalía.
En la exposición de la defensa del exgobernador del Cesar en dos periodos, se establece, también, que existe una diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado pero yendo en contravía de los intereses económicos del operador y solo en el ítem de alimentos el contratista tuvo pérdidas por $2.756.273.158.
Si se quisiera concluir de manera distinta: sí hubo fallas en los cálculos del PAE 2015, pero favoreciendo a la Gobernación del Cesar y no al contratista.
