14 enero, 2022
El economista y especialista en administración en salud Duver Vargas Rojas, actuará como agente especial interventor.
Última actualización enero 14, 2022 a las 01:03 pm
Superintendencia Nacional de Salud ordenó el término de un año la intervención forzosa administrativa y la inmediata toma de posesión de los bienes, haberes y negocios del Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, tras evidenciar el incumplimiento del Plan de Mejoramiento que se le había establecido y la acumulación de 72 deficiencias en sus indicadores administrativos, asistenciales, jurídicos y financieros.
“Es tan crítica la situación encontrada en la gestión del hospital que se estaba poniendo en riesgo la adecuada y oportuna prestación del servicio de salud a los usuarios en condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.
Con esta medida, también se ordena la separación de la Gerencia y de los miembros de la Junta Directiva del hospital, y desde ahora en representación legal se designa al economista y especialista en administración en salud Duver Vargas Rojas, quien actuará como agente especial interventor para desarrollar un estricto plan de acción que permita garantizar la prestación de los servicios de salud, trabajar en subsanar las graves deficiencias encontradas y procurar la estabilización de los principales indicadores de gestión.
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De acuerdo con la resolución 20224200000000426 del 14 de enero de 2022, por medio de la cual se ordena la intervención forzosa para administrar por un año, “el hospital evidencia fallas en infraestructura, en dotación, mantenimiento, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, historia clínica, procesos prioritarios e interdependencia de servicios; lo cual repercute de manera negativa en la prestación segura del servicio”.
Una de las causales para adoptar la medida es que el hospital incurre en prácticas no autorizadas como el inadecuado funcionamiento de los equipos biomédicos, falta de seguridad para la atención del paciente, incumplimiento del proceso de esterilización y a los pacientes no se les ejecutan adecuadamente los planes de tratamiento ordenados por los médicos tratantes.
También se identificó el incumplimiento de las disposiciones que regulan el flujo de recursos y de los bienes públicos que administra, al igual que se detectó una inadecuada gestión en asuntos como un posible detrimento patrimonial por medicamentos vencidos o mal almacenados, inventarios y diferencias entre las cuentas por pagar reportadas en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO).
Según el concepto técnico de la Supersalud para adoptar la medida de intervención, el hospital se encuentra en estado de insolvencia crítica y en una situación financiera muy grave, con pérdidas cercanas a los 60.000 millones de pesos, un déficit presupuestal de 36.135 millones y una cartera de 104.357 millones de pesos, a junio de 2021.
A lo anterior, se suma una deficiente gestión de recaudo, mala depuración de cartera y que no garantiza controles ni procedimientos de bioseguridad durante la pandemia, factores estos que ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud a los usuarios del hospital, la mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.
