19 agosto, 2020
Por ahora, el cese de actividades continúa y algunos sueldos atrasados llegan a 12 meses. Empleados no levantan el paro hasta tanto no estén al día.
Cuentas sin radicar, desorden administrativo y un faltante de más de $23.000 millones por presentar en la Secretaría de Salud departamental, es la conclusión de la mesa de trabajo realizada por la Gobernación del Cesar y el Hospital Rosario Pumarejo de López, con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.
“Lo auditado por facturación da una cifra que no supera los $3.600 millones, eso es lo que está radicado y soportado para hacer los pagos al hospital, esos pagos hacen parte del compromiso que hicimos la semana pasada de un giro de $3.000 millones, que no han podido transferirse del centro asistencial porque proveedores y otros acreedores tienen embargadas las cuentas, en la reunión con el acompañamiento de la Procuraduría definimos unos trámites para hacer esos pagos sin que los afecte el tema de los embargos y puedan llegar al personal que está reclamando sus salarios”, indicó el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano.
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Igualmente, en la mesa de trabajo, la gerente del Hospital, Jackeline Henríquez, indicó que tiene depuradas cuentas por $50.000 millones en deudas de las EPS. La reunión permitió acordar un nuevo encuentro el próximo martes 25 de agosto, con acompañamiento del Ministerio Público para analizar esas obligaciones.
El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso Osorio, se comprometió a gestionar ante el Ministerio de Hacienda la transferencia de los recursos amparados en la Resolución 753 de 2020, por medio de la cual el Gobierno Nacional ordenó la asignación directa de recursos a las Empresas Sociales del Estado, ESE, con el propósito de fortalecer su capacidad de oferta pública de servicios y garantizar la prestación de los mismos a la población afectada por la emergencia derivada del COVID-19. Al Rosario Pumarejo le tienen pendiente $15.000 millones.
“En el caso del Hospital Rosario Pumarejo de López se crea una falsa expectativa de una deuda que hoy no se tiene y que se veía como solución para el pago de los trabajadores que les deben cerca de 11 meses de salario”, indicó Rodríguez.
Por ahora, el cese de actividades continúa y algunos sueldos atrasados llegan a 12 meses.