5 marzo, 2019
Actualmente el Departamento del Cesar tiene cifras de 374.975 víctimas registradas, de ese número, Valledupar aporta 131.269 en los libros de la Unidad para las Víctimas.
Última actualización marzo 5, 2019 a las 08:46 am
El corte más reciente fue hecho el 1 de enero de 2019. Las víctimas registradas son 8.800.001, de esas, 8.432.348 son del conflicto armado. Los índices ratifican el concepto de múltiples investigaciones hechas por organizaciones como la ONU, Memoria Histórica, entre otras que advierten una lista de hechos como:
En el Cesar, además de otros departamentos de Colombia, existen poblaciones que buscan un reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, especialmente porque fueron víctimas de acciones perpetradas especialmente por las Autodefensas Unidas de Colombia, entre 2002 y 2006. Actualmente el departamento, ubicado al norte del país, tiene cifras 374.975 víctimas registradas, de ese número, Valledupar aporta 131.269.
En el sur, centro y norte del Cesar, los centros poblados que a continuación serán mencionados vivieron todo tipo de vejámenes que hoy aparecen registrados en las declaraciones entregadas por las víctimas a las entidades como personerías, defensorías del Pueblo, Unidad para las Víctimas.
En el Municipio de Agustín Codazzi, específicamente el corregimiento de Casacará, algunos de los hechos victimizantes fueron: dos masacres reconocidas por paramilitares ante los tribunales de Justicia y Paz; desplazamiento, asesinatos a líderes políticos como el alcalde Gilberto Gómez, violación a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre otras.
Otra es la comunidad de Las Minas de Iracal, un corregimiento que se ubica en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y perteneciente al Municipio de Pueblo Bello; allí se registraron un poco más de 70 asesinatos hechos por grupos paramilitares, así como numerosos casos de violencia sexual, pérdida de liderazgos, eventos masivos de desplazamiento.
El 31 de mayo de 2000, por ejemplo, luego de asesinar al corregidor, al presidente de la junta de acción de acción comunal y a un profesor, la mitad de la población se desplazó hacia Valledupar, ocho días después, el 7 de junio, ocurrió otra masacre de tres personas, para entonces el 100 % de la población se vio forzada a abandonar sus hogares, hasta más o menos el 2004 cuando comenzó el retorno.
También el corregimiento de Chimila, en el Municipio de El Copey, nació como un caserío de aserradores que provenían de todas partes del país, paralelamente a la explotación de las maderas finas de la región se dedicaban a cultivar café, frijol, arroz y cacao.
Aquí hubo disputa entre la guerrilla y los paramilitares, hecho que dejó 372 víctimas afectadas con homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento y tortura; despojo de tierras, desplazamiento, muerte de líderes y rectores de colegios.
Específicamente en el corregimiento de Santa Cecilia, el 28 de enero del año 2000 se presentó una masacre. Hombres de alias ‘El Tigre’, un reconocido paramilitar de la zona, saquearon el pueblo llevándose electrodomésticos, comida y ganado. La mayor parte de la población fue forzada al desplazamiento después del asesinato de 12 campesinos de la localidad.
En la población de Santa Isabel, ubicada en zona rural de Curumaní, se registró la presencia de grupos armados en el año 2001 donde paramilitares del bloque norte de las autodefensas incursionaron y sometieron a la población a actos de sevicia y tortura antes de asesinar a 11 de sus habitantes.
Se presentó de igual manera el desplazamiento, la extorsión, minas antipersona, despojo de tierras y ruptura de estructuras organizativas.
Otro corregimiento afectado por el conflicto se ubica en Chiriguaná, como es Poponte, donde el 10 de junio de 2002 se registró el desplazamiento masivo de 11 veredas, por orden del frente 41 de las Farc y El Bloque Motilones de las AUC.
Todos estos últimos casos están sometidos al proceso de reparación colectiva y tienen un fin en común, reparación integral frente al daño ocasionado por la violación a derechos colectivos, impacto colectivo por la violación de derechos individuales y violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros del colectivo.
Las reparaciones colectivas tienen varias fases. La primera es el acercamiento del Estado con la comunidad. Luego sigue la fase de construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Esta es la parte más delicada porque todos los miembros del grupo deben sentirse representados en lo convenido. Si es una comunidad étnica, se debe hacer una consulta previa. Una vez sorteados todos estos pasos, se empieza a poner en funcionamiento el plan.
Pero ninguno de ellos ha conseguido el objetivo, como si lo hizo Guacoche, corregimiento de Valledupar, que el 11 de diciembre de 2015 firmó oficialmente el proceso de Reparación Colectiva para el corregimiento, con la presencia de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
Esta institución fue la garante de la firma y protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva para la comunidad de Guacoche, construido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a partir de las propuestas generadas por la población.
Las medidas de reparación inscritas en el plan fueron: garantías de no repetición, satisfacción, rehabilitación, restitución de derechos territoriales e indemnización.
Su tarea inició desde el 6 de abril de 2013, cuando la Unidad de Víctimas en el Cesar realizó el primer encuentro a través del equipo de reparación colectiva étnica de la Dirección Territorial de la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas.
El conflicto armando deja grandes pérdidas en Colombia, tanto en vidas como material, reflejando así el gran impacto ocasionado por las balas, las amenazas y el sinnúmero de actos de barbarie cometidos por los grupos al margen de la ley, pero también por otros legales esclarecidos y determinadores de esos llamados “falsos positivos”.
En los departamentos del Cesar y La Guajira, desde donde la Unidad para las Víctimas rige al Municipio de Valledupar, en el que se encuentra el corregimiento de Guacoche, las estadísticas llegan a 517.917 personas afectadas.
En el Departamento del Cesar otras comunidades que trabajan para lograr la Reparación Colectiva se ubican en El Perro, otro corregimiento de Valledupar, en el cual están consejeros comunitarios afro descendientes, como en el caso de Guacoche.
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