30 mayo, 2019
La Asamblea Departamental negó la aprobación del proyecto de ordenanza que buscaba extender las facultades a Francisco Ovalle Angarita para suscribir contratos o convenios. Por ahora, todos los procedimientos administrativos en la administración departamental quedan paralizados.
Última actualización mayo 30, 2019 a las 04:41 pm
No importaron más de tres horas de explicaciones, ilustraciones, interpretación y mucho menos las presiones, los diputados ‘rebeldes’ de la Asamblea del Cesar no aprobaron los proyectos radicados por el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Fueron los seis, como se suponía, que votaron negativo a dos de los cuatro proyectos de ordenanza presentados a la Duma, la mañana del jueves, en medio de un debate donde reinaron conceptos jurídicos y ofensas entre los asambleístas.
Solo cinco aprobaron las solicitudes: Miguel Ángel Gutiérrez, Jorge Barros, Pedro Santana, Camilo Lacouture y José Mario Rodríguez.
El primer proyecto hundido fue el de conferirle autorizaciones al gobernador Francisco Ovalle para celebrar contratos y convenios, que permitirán la ejecución de los proyectos de inversión contenidos en el actual Plan de Desarrollo del departamento.
Con esta iniciativa, la administración departamental pretendía promover la dinámica en el ejercicio de los diferentes proyectos de inversión que deriven de la obtención de recursos, principalmente aquellos provenientes de instancias nacionales tales como las transferencias de ley y aquellas emanadas del sistema general de participaciones SGP, regalías y compensaciones aún pendientes del anterior régimen, convenios interadministrativos, entre ellos está la financiación para la prestación de vigilancia y aseo en las instituciones públicas del Cesar, un convenio con el Idreec y otros presentados por los secretarios de Hacienda y Salud.
La otra solicitud que no pasó en segundo debate fue otorgarle autorizaciones protempore al Gobernador del Cesar, para adicionar e incorporar recursos al presupuesto del departamento correspondientes a la vigencia fiscal 2019.
El primero que anunció el triste final en la Asamblea fue el diputado Eduardo Santos Flórez, al pedir la palabra y advertir sobre una resolución con la que ingresó a la Comisión Segunda (de presupuesto) Jorge Barros Gnecco, en remplazo del saliente José Santos ‘El Mello’ Castro.
“No era usted señor presidente quien debía tener ese puesto. Me mantengo en que todo proyecto que pase por la Comisión Segunda será negativo”, declaró el representante del Partido de la U, poniendo como principio que el integrante de tal comisión debería ser Pedro Santana.
Flórez manifestó además que tal resolución, hecha el 11 de febrero de 2019, tendría vicios de nulidad y podría ocasionar una investigación disciplinaria con los organismos de control por eso pidieron acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación.
Dicha Comisión está integrada por siete diputados:
Por su parte, Omar Benjumea, afirmó que “el artículo 37 (reglamento de la Asamblea) es claro porque las comisiones y los delegatarios de la Asamblea se eligen en Asamblea General o por vacancia; nosotros llegamos a mayo, nos convocaron (a extras) en 12 horas, segundo no adjuntan lo que pedíamos de contratación para aprobar los proyectos; pero lo más importante fue que nos encontramos que siendo ya ‘El Mello’ Castro no miembro de la comisión, tenemos un nuevo miembro que no sabíamos quién era y resulta que es Jorge Barros, siempre pensamos que entraban Pedro Santana por vacancia o elegiríamos en asamblea al nuevo miembro”.
Eso, a juicio de Benjumea, “es subsanable, así como la contratación, pero no podemos aprobar corriendo sin que nos entreguen los respectivos documentos. Hay unas razones para votar negativo, regresarnos a comisión, subsanar los errores y seguir estudiando los proyectos”, dijo Omar Benjumea.
Por ahora, el gobernador Francisco Ovalle queda sin facultades para contratar cualquier tipo de documento o hacer convenios en pro del mejoramiento del Cesar y todo se resolvería en el marco de las sesiones ordinarias en segundo periodo, que arrancará el 1 de junio.
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