18 abril, 2023
El Ministerio Público indaga, además, por otros tres proyectos financiados con regalías que suman $ 52.843 millones.
Última actualización abril 18, 2023 a las 09:31 am
Por presuntas irregularidades en la construcción y dotación de un megacolegio en el sector de San Luis, Isla de San Andrés, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, y sus cuatro antecesores en el cargo, Sandra Victoria Howard Taylor, Alaín Enrique Manjarrés Flórez, Juan Francisco Herrera Leal y Tonney Gene Salazar.
De acuerdo con los indicios conocidos previamente por la Procuraduría, durante las etapas de planeación y ejecución del proyecto se habrían cometido presuntas fallas como que los estudios y diseños se entregaron incompletos, por lo cual se realizó adición de recursos del 44 % del valor aprobado inicialmente ($ 15.036.818.144), el cual no fue suficiente.
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También que el proyecto fue objeto de tres prórrogas por 34 meses, finalizando el plazo de ejecución el 26 de septiembre de 2018 aproximadamente, pero en lugar de ser entregadas, las obras fueron abandonadas por el contratista.
Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público están un informe completo a la administración departamental sobre cuáles fueron las razones para haber abandonado la obra y copia de la liquidación de los contratos de obra pública suscritos inicialmente.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en cuantía de $21.282 millones de pesos, contra los exgobernadores de San Andrés y Providencia, Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaler, y otras 14 personas naturales y jurídicas, por el daño patrimonial que ocasionaron las irregularidades presentadas en la construcción del Megacolegio CEMED Antonia Santos.
Para adelantar este proyecto se suscribió el contrato de obra pública 1341 del 28 de octubre de 2014, entre la Gobernación del Archipiélago, entonces en cabeza de la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, y la Unión Temporal Mega 2014.
Según estableció la Contraloría, en el contrato de interventoría se cometieron errores en la aplicación del factor multiplicador, lo que ocasionó el pago de mayores valores por este concepto.
También fueron imputados tres exsecretarios de Educación, tres exsecretarios de Infraestructura, tres supervisores del contrato de interventoría, los contratistas que integraron la Unión Temporal Mega 2014 y los miembros del consorcio que realizó la interventoría.
De los 15 proyectos visitados, financiados con regalías por $ 269.000 millones, la Delegada para el Seguimiento a Regalías y su Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías (GES SGR), pudo advertir que, en otros tres, el nivel de cumplimiento es muy bajo y de no tomar acciones urgentes, los recursos podrían perderse.
Uno de ellos, por $ 3.970 millones, fue aprobado en el marco de la pandemia por COVID-19 con el objeto de dotar de computadores a estudiantes de cinco instituciones educativas de la isla, en la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de contratación. Se pudo evidenciar presunta duplicidad de inversiones, en la medida en que los cinco colegios a beneficiarse ya han recibido computadores y tabletas, que se encuentran hoy archivados y sin uso, los cuales también fueron financiados entre otras fuentes, con recursos de regalías, por $ 8.523 millones.
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En este caso, la Procuraduría pidió a la administración departamental, revisar la pertinencia y priorización de estas inversiones para el correcto aprovechamiento de estos recursos y herramientas.
El otro proyecto que preocupa es el del mejoramiento y rehabilitación para la vía de acceso a la zona industrial de San Andrés Isla con una longitud de 794 metros incluido andenes, drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, redes eléctricas y luminarias, que beneficiaría a 55 mil personas por valor de $ 8.500 millones, con avance físico de 55 %.
Los contratos de obra e interventoría fueron liquidados unilateralmente por la Gobernación por la ausencia del permiso requerido para el vertimiento de aguas servidas sobre la bahía Hooker, aledaña al proyecto. La Gobernación tramitó proceso de incumplimiento lo que conllevó a la terminación anticipada del contrato, sanción al contratista y activación de pólizas. El proyecto presenta riesgo del cumplimiento de la meta.
Finalmente, el proyecto denominado “Mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial (Four Corner, Pepper Hill, Duppy Gully, Orange Hill)”, por valor aproximado de 31 mil millones de pesos, contempla en su alcance la pavimentación de vía de cinco tramos en concreto rígido. Sin embargo, el tramo correspondiente a la pavimentación al sector de Duppy-Gully con una longitud de 1.616,75 metros, no ha dado inicio a sus actividades de obra, ya que se encuentra en zona de conservación ambiental, es decir, dentro de la cuenca hidrográfica COVE, de acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA – COVE) vigente, por lo que se evidencia que, en las etapas de aprobación y ejecución, no ha contado con la aprobación de la autoridad ambiental de la Isla de San Andrés.
