Procuraduría del Cesar cita a comisión organizadora de Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

Última actualización marzo 22, 2022 a las 09:44 am

A falta de escasos tres meses para los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, algunas obras en distintos escenarios cuentan con solo el 3 % de ejecución, situándolos en “riesgo muy alto” de no estar listos para el desarrollo de las competencias.

Así lo reveló la Procuraduría Regional del Cesar, que citó para este jueves 24 de marzo, al comité organizador de las justas programadas a realizar entre el 24 de junio y 5 de julio de 2022.

La Procuraduría alertó a las entidades como Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (Inder), Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Fonvisocial) y la Secretaría de Obras de Valledupar, para hacer seguimiento del “estado actual de construcción de obras de infraestructura que se utilizarán en el desarrollo de los XIX Juegos Bolivarianos”.

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Tras un reciente recorrido por las obras en ejecución, el Ministerio Público encontró posibles inconsistencias en la gestión administrativa y contractual para la adecuación y construcción de la infraestructura requerida para la realización de estas justas deportivas, pues advirtió bajos porcentajes de avance en un importante número de contratos.

Escenarios es alto riesgo para los Bolivarianos 2022

En un informe conocido en exclusiva por PRIMERA LÍNEA, la Procuraduría revela preocupación por los siguientes escenarios, calificados con “muy alto riesgo de no estar a punto para los Juegos Bolivarianos”.

Construcción del complejo deportivo Guatapurí, que incluye canchas de fútbol 9 y zonas duras al interior del Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, solo tiene 5 % de avance; obras de urbanismo y complementarias en el Centro Deportivo Óscar Muñoz Oviedo, 7 % de ejecución; construcción del coliseo de baloncesto en el Centro Deportivo Óscar Muñoz Oviedo, 4 % de avance.

Los de “riesgo alto” son: construcción del estadio de béisbol en el Centro Deportivo Óscar Muñoz Oviedo, 22 % de avance; construcción de la piscina Olímpica en la Universidad Popular del Cesar, 21 % de ejecución; construcción del coliseo de gimnasia en la Universidad Popular del Cesar, 35 % de avance.

Estas últimas obras de infraestructura son responsabilidad de la Gobernación del Cesar, que ya tiene en el Centro Deportivo Óscar Muñoz Oviedo, el estadio de atletismo 98 %, coliseo de combate 95 % y estadio de softbol, 85 %, de adelantos para considerarse en “riesgo bajo”.

Mientras tanto, la Procuraduría advirtió que la Alcaldía de Valledupar no ha entregado pronunciamiento sobre los adelantos en la Villa Bolivariana, pista de ciclismo BMX y cancha de voleibol. Además, las adecuaciones en el patinódromo Elías Ochoa Daza, Complejo de Tenis, Estadio de Fútbol, Coliseo de Ferias y piscina existente en la Universidad Popular del Cesar.

El informe está firmado por el procurador Regional del Cesar, Libardo Álvarez García.

Inspección a escenarios en Valledupar

Ante esta situación, el ente de control instó a la directora general de la Organización de los Juegos Bolivarianos, al Gobernador del Cesar, al Alcalde de Valledupar y al director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, a adelantar un estricto seguimiento a los cronogramas de ejecución.

Asimismo, solicitó remitir información sobre la programación de obra, avances y subcontratos de actividades críticas para identificar con mayor certeza las problemáticas que podrían generar retrasos en la entrega de los espacios para la práctica de deportes.

Teniendo en cuenta el tiempo que resta para iniciar los juegos, el Ministerio Público puntualizó que del total de obras visitadas solo hay una que contempla tres escenarios con un porcentaje de avance superior al 50 %, y el contrato de la pista para BMX no ha sido adjudicado.

De igual manera, encontró que la mayoría de los plazos de los contratos en ejecución superan la fecha de inicio de los Juegos Bolivarianos, por lo que su entrega anticipada depende exclusivamente de la voluntad de los contratistas.