28 mayo, 2019
El comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel es señalado de implementar la política que desencadenó los llamados Falsos positivos dentro del Ejercito Nacional.
Última actualización mayo 28, 2019 a las 08:57 am
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación al comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez Espinel, y otros funcionarios por establecer, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones.
Según el comunicado del órgano de control, la investigación está orientada a determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times, sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados ‘falsos positivos’.
Procuraduría (@PGN_COL ) abrió indagación al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 27, 2019
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La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, identificar e individualizar los supuestos autores, y esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron.
El general Nicacio Martínez Espinel goza de una trayectoria dentro del Ejercito Nacional en donde ha recibido más de 40 medallas militares que reconocen los grandes logros alcanzados bajo su mando, algunas de ellas: Medalla Militar Servicios Meritorios Inteligencia Militar Guardián de la Patria, en la categoría única, cuarta vez; Medalla Cruz de Plata en Operaciones Especiales, categoría única, entre otras.
El 14 de diciembre de 2018 fue nombrado como comandante del Ejército Nacional de Colombia, puesto del que podría se sacado si se comprueba que estuvo detrás de los ‘Falsos positivos’ que expuso recientemente el diario The New York Times.
El Ejército de Colombia ha sido acusado de hasta 5.000 asesinatos extrajudiciales en el apogeo del conflicto armado del país a mediados de la década de 2000, cuando las tropas bajo presión de los comandantes inflaron recuentos de cadáveres, en algunos casos vistiendo a civiles como guerrilleros a cambio de una paga extra.
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