21 noviembre, 2019
El organismo de control abrió cinco procesos de responsabilidad fiscal en cuatro municipios del Cesar.
Última actualización noviembre 21, 2019 a las 11:51 am
La Contraloría General de la República inició cinco procesos de responsabilidad fiscal tras detectar hallazgos irregulares por $9.604 millones en la ejecución de contratos en los municipios de Chiriguaná, Chimichagua, Codazzi y Valledupar.
En el caso de Chiriguaná, el ente de control detectó presuntas irregularidades en el contrato de ampliación y optimización de la red recolectora de alcantarillado de dicho municipio. Según el ente de control la cuantía es de $5.922 millones.
En la auditoría realizada por entidad gubernamental se percató que a pesar de la millonaria inversión en el sistema de alcantarillado, el mismo no está en funcionamiento, por lo que se inició investigación del objeto contractual.
En el caso de este municipio, la Contraloría afirma que el detrimento asciende a $982 millones por el pago de un anticipo sin legalización en el contrato de las redes de alcantarillado en los corregimientos de El Guamo y La Vega.
Debido a esto el ente de control abrió indagación preliminar por incumplimiento de la función de advertencia presentada en ejecución de auditoría de la vigencia 2010.
En Codazzi la auditoría arrojó presuntas irregularidades en la ejecución del contrato celebrado con el Consorcio Alimentación Escolar 2015, cuyo objeto era la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Contraloría encontró sobrecosto en las raciones cobradas y pagadas al consorcio comparando los precios PAE de la Gobernación del Cesar con los del municipio.
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El posible daño patrimonial se calculó en $121 millones teniendo en cuenta las minutas que tienen un menor valor y menús iguales.
En este mismo municipio también se inició un proceso de responsabilidad fiscal por presuntos sobrecostos en la ejecución del convenio de Cooperación N°001, cuyo objeto era “Cooperación para garantizar la alimentación escolar PAE” con presuntos daños calculados en $70 millones.
En la Capital del Cesar, la Contraloría halló posibles irregularidades en la construcción del Canal de Panamá y la avenida Simón Bolívar contratada por el Sistema Integrado de Transporte de la ciudad, señalando que “hay una sobrestimación del contrato de obra.
Según cálculos del ente de control se estima un daño patrimonial superior a los $2.506 millones en las presuntas irregularidades relacionadas con la planeación, gestión contractual, seguimiento y supervisión del contrato.
