20 junio, 2019
Cuatro de los siete puntos más fuertes de la consulta anticorrupción quedaron sepultados por el congreso y el senado.
Última actualización junio 23, 2019 a las 04:16 pm
Crónicas de una muerte anunciada, en eso se convirtió el proyecto de ley anticorrupción que el pasado 17 de junio aprobó el Senado y que esperaba una fase de conciliación en el Congreso para su posterior aprobación.
El proyecto de ley había sido impulsado por la Fiscalía General de la Nación y contemplaba, entre otras disposiciones, el aumento de penas para delitos como la concusión y el prevaricato, dos de las faltas más comunes en la administración pública.
En la consulta anticorrupción de agosto de 2018 alcanzó la cifra récord de más de 11 de millones de votos, tenía como principal atractivo la eliminación del beneficio de casa por cárcel y las inhabilidades en contratación para quienes sean condenados por delitos contra el patrimonio público y una dura regulación para los servidores públicos por el mal uso de información reservada.
Entre dimes y diretes quedó sepultado el proyecto de ley ante la imposibilidad de votar la conciliación de los textos en Senado y Cámara, la falta de voluntad política hundió las otras normas anticorrupción que cambiarían el funcionamiento de las instituciones en Colombia.
El Senado y la cámara debían nombrar a un representante como conciliador. El presidente del Senado, Ernesto Macías, nombró a Germán Varón y el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, nombró al representante Jairo Cristo.
Jairo Cristo reveló que en el correo electrónico que recibió el miércoles a las 3:43 p.m. donde se dio por enterado de su designación como conciliador no le adjuntaron los documentos.
“el expediente del proyecto, por lo que tuve que ir hasta la Secretaría para que me lo entregaran. Eran más de mil folios los que había que estudiar”, aseguró.
Según Cristo, jamás se enteró de quien era su par del Congreso con quien conciliaría el documento. El Senado informó que la conciliación jamás llegó, por lo que tuvo que levantar la sesión.
“Quiero anunciar lo siguiente –le dijo Chacón a la plenaria de la Cámara al levantar la sesión del miércoles–: al día de hoy no ha llegado (la conciliación), y además creo que trataron de violentar la ley, al parecer, trabajando sin la designación que había hecho la Cámara de Representantes desde las horas de la tarde”.
Sepultados quedaron la congelación de salarios de los altos funcionarios, incluidos congresistas; la limitación de los periodos a las corporaciones públicas; la realización de audiencias públicas para discutir el presupuesto y la eliminación del beneficio de casa por cárcel para funcionarios públicos.
Aún sobreviven los proyectos de ley que obligarían a los congresistas a hacer pública su declaración de renta, los pliegos tipo para las contrataciones públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios ante la ciudadanía.
Aún cuando estos tres puntos lleguen a aprobarse, el voto de 11 millones de colombianos volvió a ser ignorado por un Senado y un Congreso que pareciera estar más interesado en que ganaran los corruptos.
