14 junio, 2019
Yanci Bueno Contreras ya acumula dos condenas por el mismo delito durante su periodo como alcalde de Becerril.
Última actualización junio 14, 2019 a las 11:28 am
Yanci Bueno Contreras está siendo imputada por la Fiscalía por tercera vez de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, esto luego de ser declarada la contumancia, por el juez 4 de control de garantías de Valledupar.
Según el comunicado de la Fiscalía, la investigación hace referencia a la celebración de un convenio para capacitar a los estudiantes de colegios públicos del municipio, pero el contrato se firmó después de realizar la preparación de los jóvenes.
Por el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, #Fiscalía imputó a exalcaldesa de Becerril #Cesar, Yanci Bueno Contreras. Investigación se relaciona con convenio de capacitación a estudiantes que se firmó después de realizar la preparación de los jóvenes
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 14, 2019
«La exalcaldesa Bueno Contreras firmó un convenio por 130 millones de pesos con la Corporación Alianza Científico Colombo Francesa para preparar a los estudiantes de instituciones educativas públicas del municipio con miras a las pruebas Saber. La presunta irregularidad consistió en que el convenio fue suscrito meses después que se ejecutó la tarea establecida en el objeto contractual, lo que representa inconsistencias en los requisitos legales, en especial, el acatamiento de los principios de la contratación estatal»
Fiscalía.
La exmandataria fue condenada por el mismo delito en junio de 2018 a una pena de 32 meses en prisión domiciliaria, 33.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 40 años.
En aquella oportunidad la justicia la encontró culpable de celebrar un contrato sin cumplimiento de requisitos legales por $70.339.000 con la Cooperativa Multiactiva Asociados de Codazzi, que consistía en prestar servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones y centros educativos estatales, residentes en las zonas rurales de Becerril.
En noviembre de 2018 fue llevada a juicio nuevamente por el mismo delito, esta vez por firmar un contrato para la bocatoma del acueducto municipal.
La juez concluyó que la exfuncionaria evadió los procesos licitatorios en beneficio de amigos mostrando un interés ilícito en la celebración del contrato, además de que la obra no se ejecutó en el tiempo previsto.
Para entonces fue condenada a cinco años y tres meses de prisión, además de una multa de 66,66 salarios mínimos legales vigentes y 80 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La justicia emitió orden de captura ante la incapacidad de la defensa de demostrar que era madre de familia, alegato con el cual se le dio el beneficio de prisión domiciliaria en la primera condena.
