En caso por corrupción de ‘Tuto’ Uhía, Fiscalía solicita detención domiciliaria para implicados

Última actualización agosto 18, 2022 a las 07:30 am

La corrupción reinó en la Alcaldía de Valledupar, durante la administración de Augusto Daniel Ramírez, ‘Tuto’ Uhía, así lo demostró la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de Conocimiento de Valledupar.

Dos días trascurren desde la captura del exalcalde ‘Tuto’ Uhía, dos de sus secretarios y dos contratistas, quienes habrían realizado un detrimento patrimonial con un contrato ficticio para fortalecer la educación de 3.832 estudiantes en 42 colegios públicos de Valledupar. 

Los implicados, además de Uhía, son Luis Carlos Matute de la Rosa y José Juan Lechuga Zambrano, así como Carlos Daniel Trespalacios Carreño y César González Armenta, a quienes se les imputó los delitos de falsedad en documento privado, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de interviniente y peculado por apropiación agravado.

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Aunque no aceptaron cargos, las pruebas son tan contundentes como la investigación realizada gracias a una alerta emitida por el exconcejal de la ciudad, Ricardo Vives Fernández.

Entre las perlas está que la empresa Corporación de Desarrollo Social, Creciendo, encargada de ejecutar el contrato por valor de $592.375.000, violó los principios de transparencia en planeación, ejecución y finalización. 

Pago multimillonario por alquiler de computadores

El contrato 1244-2019, entre la Corporación de Desarrollo Social –Creciendo- y la Alcaldía de Valledupar se pactó a desarrollarse en 45 días, pero con la novedad de que fue extemporáneo al calendario escolar, así la mayoría de colegios ni aceptaron, ni necesitaron el programa.

La Fiscalía reveló que, por el alquiler de cuatro computadores portátiles, por 320 horas, se pagaron $40.000.000, es decir $125.000 la hora, y por el alquiler de cuatro amplificadores de sonido por el mismo número de horas cancelaron $44.800.000, traducidos en $140.000 la hora, además, alquilar cuatro video beams le costaron $32.000.000 al municipio, por 320 horas prestadas, es decir a $100.000 la hora.

Llamativo para el ente acusador que la empresa que ejecutó la orden de servicios en temas tecnológicos fue Sistemas Integrados del Cesar, SIC, representada legalmente por Carlos Alberto González Armenta, que tuvo registro mercantil hasta el 12 de julio de 2015, es decir, recibió $116.800.000 sin ser legal explicó el fiscal 12 seccional, Johan Ustariz. 

El representante de Creciendo, Carlos Daniel Trespalacios Carreño, adjuntó y cobró 10 pendones por $3.706.000, un valor unitario de $370.600. 

Así se generaron otras irregularidades por las que hoy están siendo señalados los implicados, sin embargo, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de Conocimiento de Valledupar, la Fiscalía solicitará medida de detención domiciliaria para los involucrados. El procedimiento está planificado para este jueves 18 de agosto, a partir de las 2:30 de la tarde.

El juez tomará la decisión de enviar o no a la cárcel a los detenidos por este caso.