El negocio planteado por Mello Castro para ‘salvar’ a Emdupar

¿No hay quién salve a Emdupar de la quiebra? Esa pregunta se la hacen usuarios y habitantes de Valledupar hace muchos años a la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, así como a los alcaldes de turno. La respuesta siempre es una falacia.

Con las opciones cerradas, unos trabajadores ad portas de una huelga, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar se alista para la intervención del Gobierno Nacional o, en su defecto, la cesión de acciones a un privado o una sociedad que ayude a mejorar los índices financieros.

La junta directiva, en cabeza del alcalde Mello Castro González “presentará un plan de salvamento, que pese a las diferentes opciones esta no será una concesión, no será una privatización y no habrá masacre laboral. Se trata de un contrato atípico de alianza estratégica, con un músculo financiero que pueda cubrir los pasivos de la empresa de acueducto y alcantarillado”, dice un comunicado oficial de Emdupar.

Sin embargo, ha llamado la atención en la ciudadanía y especialistas el nombre de “contrato atípico de alianza estratégica”, que según un trabajo publicado por la Revista Universidad Externado de Colombia “los acuerdos de colaboración empresarial son contratos de índole mercantil empleados en Colombia tanto en el sector privado como en el sector público, con el fin de que quienes los suscriben puedan aunar esfuerzos, recursos y experiencias, que les permitan abordar proyectos, actividades o emprendimientos que de manera individual no sería posible”.

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El volumen en recurso monetario, en la propuesta de la junta directiva de Emdupar, habla de quien llegue debe ofertar “una capacidad financiera de $240.000 millones para hacer las inversiones que la ciudad y Emdupar requieren para solucionar embargos, cartera morosa, deudas prescritas, sanciones y demandas judiciales administrativas y laborales, entre otros”.

La crisis en la institución, hoy de sociedad mixta, viene con años de historia, de alcalde en alcalde, gerentes tras gerentes. Datos demuestran que todos llegan con un mismo discurso y terminan en la misma idea; buscar un privado que invierta o exhortando al Gobierno Nacional una intervención con la Superservicios.

Los recursos en Emdupar hoy no permiten inversiones para mejorar la prestación del servicio, en acueducto ni alcantarillado, donde se observan redes obsoletas debido a un atraso de 12 años de inversión.

“La empresa es completamente inviable, los usuarios le deben $86.000 millones de servicios prestados y solo puede cobrar el 60 %, alrededor de $26.000 millones, además tiene $12.000 millones en embargos y una carga convencional de 225 empleados”, advirtieron los directivos.

Medidas urgentes

La ciudadanía y trabajadores de Emdupar han denunciado que una firma antioqueña está detrás del contrato atípico de alianza estratégica, algo que el alcalde Mello Castro González no ha explicado, ni mucho menos la gerente, Soledad Manjarrés.

“Valledupar necesita un reservorio que asegure la continuidad del agua, una macromedición, una sectorización, una ampliación y modernización de su planta de tratamiento de agua potable; la carencia de las inversiones anteriores hace que no se preste un servicio de calidad y eficiencia que genera quejas en la ciudadanía vallenata”, reiteró Manjarrés.

 Finalmente, el jefe jurídico de Emdupar, Luis Carlos Ramírez, puntualizó que este diagnóstico ha permitido tomar la decisión histórica “para defender los activos de Emdupar como se merece Valledupar, construyendo un contrato para que quede una empresa altamente tecnificada e invertir en redes de distribución, manjoles, planta de tratamiento y todos los componentes que tiene plan maestro de acueducto y alcantarillado, pagar la deuda de acreencias laborales, proveedores y toda la problemática financiera que posee la empresa que en este momento tiene un gasto superior a su recaudo”.

Cabe destacar que uno de los inconvenientes más álgidos está en un contrato firmado por Emdupar con Radián, una firma antioqueña, que llegó a la ciudad con el exalcalde Augusto Ramírez Uhía, quien aceptó beneficios a cambio de tercerizar algunos servicios, ocasionando detrimento y perjuicios a los usuarios. Este acuerdo es investigado por la Procuraduría General de la Nación, donde también está vinculado el exgerente de Emdupar, José María Gutiérrez Baute.