3 abril, 2019
Los ex empleados mineros tendrán el beneficio de casa por cárcel mientras siguen las investigaciones.
Última actualización abril 3, 2019 a las 09:38 am
El Juzgado Primero Penal Municipal consideró que los ex trabajadores mineros podrían seguir siendo investigados bajo medida de aseguramiento con obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o autoridad designada.
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia preliminar relacionada al caso del ‘Cartel de los pensionados’ y la presunta implicación de los ex trabajadores mineros capturados el pasado 27 de marzo por ordenes de la Fiscalía.
En el proceso se les dictó una medida de aseguramiento no privativa de libertad a Nilson Alonso Ospina Herrera, Yimi Rosado Zuleta, Carlos Tulio Mendoza Medina, Jorge Simón Camaño Barrios, Fabio Zuleta Poveda, Hencer Sierra Mendoza, Luis Miguel Gutiérrez Jiménez y Diego Armando Martínez Amara.
Los implicados fueron detenidos por estar relacionado al millonario fraude al sistema pensional.
“Falsificaron documentos para finalmente obtener una calificación de la perdida de la capacidad laboral por encima, igual o superior a un 50 % y así poder hacerse acreedores a una pensión de invalidez, así como haber inducido al error a funcionarios públicos con el propósito de obtener decisiones en este caso de acto administrativo y haber obtenido un provecho en detrimento de las entidades aseguradoras del país como Colpensiones, Allianz, Alfa, Chubb Colombia, entre otras por valor cuantificado en caso de las nueve personas… por una cifra que supera los $3.600 millones”, expresó el fiscal Gentil De León Mármol, en la audiencia de imputación de cargos.
Los implicados tendrán el beneficio de casa por cárcel mientras siguen las investigaciones por los delitos de fraude procesal, estafa agravada y falsedad ideológica en documento público en calidad de determinador, de los cuales no se allanaron.
El fraude era cometido por ex trabajadores de la Drummon, Cerrejón y Prodeco, empresas explotadoras de carbón en el Cesar.
Los acusados pagaban una suma de dinero a cambio de adquirir de manera ilegal sus pensiones.
En el entramado están implicados médicos calificadores de Colpensiones, funcionarios públicos que hacen parte de la Junta Regional de Calificación del Cesar (JRC), abogados, psiquiatras y juzgados laborales y civiles.
Este grupo de estafadores gestionaban a través de documentación e informes médicos falsos las pensiones de los ex empleados que no alcanzaban el puntaje para salir pensionados.
ASÍ HICIERON ‘LOS LOCOS’ DEL CARTEL DE LAS PENSIONES PARA DEFRAUDAR MÁS DE 90.000 MILLONES
