28 marzo, 2019
Con la captura de nueve exempleados de empresas de carbón de Cesar ya van más de 40 capturados, todos ex trabajadores del sector minero. Un documento anónimo ha permitido a la Fiscalía Generál de la Nación desmantelar y dar captura a 40 personas señaladas de pertenecer al Carrusel de las pensiones. La estafa contra empresas […]
Última actualización marzo 28, 2019 a las 12:39 pm
Con la captura de nueve exempleados de empresas de carbón de Cesar ya van más de 40 capturados, todos ex trabajadores del sector minero.
Un documento anónimo ha permitido a la Fiscalía Generál de la Nación desmantelar y dar captura a 40 personas señaladas de pertenecer al Carrusel de las pensiones.
La estafa contra empresas como Colopensiones, Allianz, Chubb Seguros, Suramericana y Alfa Seguros asciende a más de $90.000 millones de pesos, según datos oficiales.
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El fraude era cometido por ex trabajadores de la Drummon, Cerrejón y Prodeco, empresas explotadoras de carbón en el Cesar.
Los acusados pagaban una suma de dinero a cambio de adquirir de manera ilegal sus pensiones.
En el entramado están implicados médicos calificadores de Colpensiones, funcionarios públicos que hacen parte de la Junta Regional de Calificación del Cesar (JRC), abogados, psiquiatras y juzgados laborales y civiles.
Este grupo de estafadores gestionaban a través de documentación e informes médicos falsos las pensiones de los ex empleados que no alcanzaban el puntaje para salir pensionados.
La estafa se finiquitaba de dos formas; consiguiendo que la Junta Regional de Calificación del Cesar aprobara una calificación del 50% en el puntaje más la pérdida de capacidad laboral o a través de un falso diagnóstico psiquiátrico que declaraba a la persona con incapacidad mental.
Una vez que las empresas apelaban el pago de la pensión, los abogados laborales hacían uso de tutelas para ordenar a los fondo pensionales y las compañías de seguro el pago de la pensión y la póliza por incapacidad.
Aquí jugaba un factor importante el exjuez 14 laboral del circuito Juan Carlos Correa Olaya y los abogados Maryorie Sofía de la Hoz Peña, Zirina Viviana Galezzo Bolívar y José Ulises Torres Narváez.
Según la Fiscalía, los casos fraudulentos eran dirigidos hacia el exjuez Correa Olaya, quien sin valorar el material probatorio, no decretó las pruebas pendientes y, a pesar de no tener elementos suficientes de juicio, falló los procesos y reconoció millonarias pensiones sin que los demandantes tuvieran derecho.
Manuel María Steel Suárez y Néstor Carlos Serrano Henríquez fallecieron en actos de sicariales después que sus abogados cobraran y, al parecer, no les entregaran a los pensionados las millonarias sumas de dinero, producto de las demandas pensionales que ganaron de forma fraudulenta.
Los trabajadores también solicitaban créditos financieros al máximo de su capacidad de endeudamiento y una vez que obtenían el dictamen médico con su incapacidad laboral certificada, iban a las entidades para que sus deudas fueran condonadas.
Entre los delitos imputados están estafa agravada, falsedad en documento público, concierto para delinquir simple, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal.
