11 diciembre, 2019
La Fiscalía imputó cargos a José Juan Lechuga, Secretario General de la alcaldía por presunto detrimento de $445 millones en contrato del Programa de Alimentación Escolar que necesitó una adición para cumplir los 180 días del calendario escolar
Última actualización diciembre 11, 2019 a las 09:59 am
La Fiscalía 11 seccional imputó cargos al secretario General Municipal, José Juan Lechuga Zambrano y al ciudadano, Jorge Luis Fuentes Sallago, por presuntos actos de corrupción en el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), celebrado el primer año de la administración de Augusto Ramírez Uhía en la alcaldía de Valledupar.
El fiscal Héctor Ruiz señaló a los imputados de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en calidad de autor y en calidad de interviniente, respectivamente
Al secretario general se le acusa por presuntas irregularidades en el convenio 001 de 2016 suscrito por la alcaldía y la Fundación Acción Social Integral, ACSI, representada legalmente por Jorge Luis Fuentes Sallago.
El objeto del contrato fue la implementación del PAE en las instituciones educativas oficiales de Valledupar por un valor de $12.312.024.571 que tras una adición con recursos del Ministerio de Educación llegó a los $14.557.965.020, el cual se detalla más adelante.
La investigación arrojó que hubo un incremento del impuesto pro estampilla aplicado al contrato de 11%, cuando lo legal corresponde al 6,5%, con lo que se incrementó el valor del contrato en $455,7 millones adicionales.
“En igual sentido el artículo 218 del mismo acuerdo municipal se excluye del pago de impuesto de estampilla pro Universidad Popular Cesar a los convenios de asociación, como es el caso que nos ocupa, es decir, que el porcentaje total que se debía cobrar era del 6 % y no del 11 %”, explicó el fiscal en la audiencia.
Para el ente acusador, Juan José Lechuga incurrió en un detrimento patrimonial para favorecer a Jorge Luis Fuentes Sallago, ya que los $455,7 millones no fueron descontados por concepto de pago.
“Mediante informe de investigador de campo FPJ-11 de 17 de julio 2019… se realizó análisis financiero y contable a todas las ordenes y comprobantes de pago expedidas, encontrando que la Alcaldía de Valledupar le pagó a la Fundación Social Integral, ACSI, un total de 9 mil 53 millones 299.986 pesos, divididos en nueve pagos, revisados dichos pagos se observa que no se les descontó en su último pago el valor del 6 % (que era el porcentaje ‘legal’) que corresponde a impuestos por estampillas pro cultura, pro bienestar adulto mayor”, afirmó el fiscal Ruíz.
Juan José Lechuga aseguró en julio de 2016 que gracias a la gestión del alcalde fue posible garantizar los 180 días del contrato del PAE con una adición al contrato con recursos provenientes del Ministerio de Educación.
El «hito» fue calificado por el funcionario como un logro ya que «muy pocas administraciones han logrado garantizar la implementación del PAE a los estudiantes en los 180 días del calendario».
La adición al contrato fue por un monto de $2.691 millones y tuvo como beneficiario a la Fundación Social con Futuro, representada por Wilson Cruz Mayorga, quien no está vinculados al proceso que adelanta la fiscalía contra el funcionario municipal.
Llama la atención de los entes de control que en el mismo contrato donde se realizó el presunto detrimento patrimonial por $455.784.750 hubo que realizar una adición por $2.691.668.342 para garantizar el Programa de Alimentación Escolar en Valledupar.
Por los momentos el secretario General seguirá en sus funciones hasta el próximo 31 de diciembre cuando termine el mandato de Augusto Ramírez Uhía como alcalde de Valledupar y luego seguirá vinculado al caso hasta que celebre el juicio donde será declarado culpable o inocente de los cargos que se le imputan.
