21 septiembre, 2020
Las actuaciones de los uniformados, para la juez, a todas luces, son hechos que no deben tener los funcionarios del Estado que están para proteger a la ciudadanía.
Última actualización septiembre 21, 2020 a las 08:29 pm
La Juez 29 con función de Control de Garantías envió a la cárcel a los patrulleros de la Policía Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, por su presunta responsabilidad en el homicidio y tortura de Javier Ordóñez, ocurrida el pasado 9 de septiembre en el occidente de Bogotá.
Los uniformados tendrán que estar recluidos en la cárcel de Facatativá.
“El señor estaba esposado y reducido ¿por qué lo esposan de manos y pies, unieron las esposas, y le seguían pegando? A todas luces eso se ve como trato inhumano que le causó intenso dolor”.
Estos fueron algunos de los reproches que hicieron parte del jalón de orejas que le dio la delegada de la Rama Judicial a los uniformados de la Policía, quienes, a su juicio, “irrespetaron la institución y la hicieron quedar mal”, con las actuaciones que le provocaron la muerte a Ordóñez. De ahí que la juez determinara que son un peligro para la comunidad y obstrucción a la justicia.
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La juez dijo que solo bastó una hora y 20 minutos para que los patrulleros, con su actuar, en el marco del procedimiento policial, presuntamente, acabaran con la vida del hombre de 45 años, quien se encontraba departiendo con dos de sus amigos, cuando encontró la muerte en la madrugada del pasado 9 de septiembre.
La delegada de la Rama Judicial expuso que con base en las pruebas expuestas por el fiscal 94 de derechos humanos, en la audiencia de imputación de cargos y conforme a los estudios forenses, le permitieron vislumbrar que “es evidente que hay una muerte violenta”, en este proceso y se hace agravado, “porque se puso a la víctima en estado de indefensión”.
Argumentó la juez de garantías que los golpes en el pómulo, la nariz, la mandíbula, el pecho, el hombro, la rodilla izquierda, el antebrazo izquierdo e incluso las esquirlas de un proyectil de arma de fuego, es una evidente violencia contra la humanidad de Ordóñez.
Respecto del delito de tortura, la juez dejó claro que “es evidente que hubo tratos crueles e inhumanos que, al parecer, no eran necesarios, porque ya tenían reducido al señor Javier Humberto, ya que uno lo tenía oprimida la cabeza y el cuello, sumado al taser”.
Las actuaciones de los uniformados, para la juez, a todas luces, son hechos que no deben tener los funcionarios del Estado que están para proteger a la ciudadanía.
