9 julio, 2019
La Fiscalía General de la Nación prepara una audiencia de imputación de cargos para solicitar medida de aseguramiento intramural en contra del alcalde de Valledupar.
Última actualización julio 9, 2019 a las 10:32 am
La presunta trama de corrupción que está en investigación busca comprobar que en efecto la alcaldía autorizó a particulares la recaudación de los impuestos de contribuyentes morosos, para sanar la deuda que el municipio adquirió de forma ilegal.
Como lo señala la investigación, la alcaldía adquirió una deuda con la Sociedad Lascano Morales & Hijos de más de $18.000 millones más ‘la paz y salvo’ del impuesto predial a cambio de dos lotes.
Es decir, que el alcalde de Valledupar habría autorizado mediante la escritura pública No. 3047 del 8 de noviembre de 2016 la compra de los terrenos amparándose en la figura de dación de pago, una transacción ilegal según la Corte Suprema.
Ante la imposibilidad de pagar los más de 18.000 millones, el alcalde autorizó a la Sociedad Lascano Morales & Hijos para que recuperara el saldo a su favor con el cobro de impuestos prediales a otros morosos a quienes la firma incluía en una lista que luego remitía a la Secretaría de hacienda para que le entregaran su certificado de pago, todo esto sin que entrara un solo peso a las arcas municipales.
La irregularidad fue investigada por la Contraloría municipal de Valledupar, sin embargo el oficio que determinaría si se realizaron operaciones presuntamente fraudulentas que afectaron los ingresos corrientes del Municipio, bajo la figura de dación de pago, fue archivada.
Para el consultor financiero, Gabriel Campillo, la alcaldía de Valledupar incurrió en una compra simulada de los predios ya que la Sociedad Lascano Morales & Hijos planteó a la administración municipal el recibo de los dos predios, a través de la figura de dación de pago, y que se constituyera un saldo a su favor para que este fuera imputado a los impuestos que se generen en los próximos años gravables, así como cualquier tipo de tributo, retenciones, intereses y sanciones que figuren a cargo de la sociedad o a quien está señale.
Para Campillo, quien actuó como par externo de la Contraloría municipal, lo que se hizo fue “una venta con descargos de los impuestos, contraviniendo lo señalado por la Corte Suprema de Justicia sobre que la dación de pago va exclusivamente dirigida a extinguir el vínculo obligatorio que une al acreedor y deudor, y no crear nuevas obligaciones jurídicas entre ellos”.
Además, la firma habría incurrido en una ‘maniobra engañosa’ por relacionar 44 predios en los dos lotes entregados cuando en realidad solo le pertenecía 15 predios, según la certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Esto pone en graves apuros a las autoridades municipales por cuanto queda establecido que no verificaron la información ni los documentos que validaran el aporte de la firma, ni tampoco realizó el avalúo oficial para verificar el valor de los predios en el mercado inmobiliario.
Es así como la Sociedad Lascano Morales & Hijos logró quedar en paz y salvo con el municipio y además, recuperar el valor de los predios que prácticamente tenía perdido por la invasión de las 1.200 familias que residen en los mismos.
La misma practica la llevó Marleny Esther Kammerer, quien debía $433 millones en impuestos y entregó al municipio un lote en dación de pago valorado en $2.500 millones. Kammerer recuperó el saldo a favor buscando a otros deudores de impuestos para cobrarles sus obligaciones tributarias y luego de saldar su deuda continuó ejerciendo el cobro de impuestos, según la investigación.
La información sobre la investigación al cartel del predial responde al radicado 200016001232017 que reposa en la Fiscalía seccional de Valledupar.
La Alcaldía de Valledupar envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad sobre los conceptos jurídicos, técnicos y financieros que viabilizaron una dación de pago entre el Municipio y la Sociedad Lascano Morales & Hijos, según un comunicado.
El alcalde niega que exista una Secretaría de hacienda paralela, tampoco ser el cabecilla del llamado cartel del predial.
“No se le ha entregado ni delegado la función del recaudo a ningún tercero, lo que se ha hecho es una figura de dación de pago que generó un saldo a favor y que los acuerdos entre terceros en nada tienen que ver la administración, solo en el estudio de lo que se le presenta y si no afecta el marco fiscal de mediano plazo, nosotros emitimos la resolución”, expresa el documento.
Además, aclaró que este mismo caso ya fue resuelto ante la Contraloría Municipal en donde se determinó que lo que hizo fue “devolverle la felicidad, la sonrisa y la esperanza a 1.200 familias en Valledupar”.
Hasta el momento la Fiscalía y la Procuraduría tienen la lupa en la investigación que podría enviar a Augusto Ramírez Uhía a la cárcel antes de terminar su mandato como alcalde.
Este jueves 11 de julio el alcalde de ‘la familia es lo primero’ deberá presentarse al despacho del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar para comparecer en la audiencia preparatoria por la investigación que se adelanta en su contra por el delito de corrupción al sufragante.