Alcalde de Bucaramanga, polémico e investigado por tratamiento a basuras

Última actualización agosto 6, 2019 a las 04:03 pm

De sus polémicas acciones a responder por sus controvertidas acciones, así está el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, a quien la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de selección para el tratamiento, transformación y disposición final de las basuras en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

El órgano de control endilgó dos cargos al mandatario: primero, por un presunto interés indebido en los procesos de selección E-EMAB-001-2016, EMAB – IP001-2017 y CD-EMAB-001-2017, supuestamente, en provecho de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, quien obtendría beneficio económico si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia.

Aquí, según la Procuraduría, se evidenció que Hernández Oliveros junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología.

Entre las pruebas que sustentan el cargo están el acuerdo de voluntades de corretaje, las impresiones de las conversaciones de Whatsapp de las personas que lo suscribieron y en las que Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, en particular los días 22 de abril y 24 de julio de 2016.

Un segundo cargo

En el otro cargo se le reprochó al alcalde de Bucaramanga que presuntamente coaccionó a César Augusto Fontecha Rincón, director jurídico de la EMAB S.A. E.S.P., para que aprobara la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic RSU en el proceso de contratación IP 001-EMAB – 2017, y así fuera habilitada la oferta, no obstante que en el pliego de condiciones se exigía entregar una póliza de seguro.

Reposa en el expediente la declaración juramentada rendida por Fontecha Rincón, quien manifestó que el mandatario local lo llamó al parecer para decirle que procediera en el sentido que él quería, es decir; que aprobara la fianza que la UT Vitalogic RSU había entregado para garantizar la seriedad de la oferta.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta en el primer cargo por supuesto interés indebido en la celebración de contratos como gravísima a título de dolo y del segundo cargo, por presuntamente ejercer coacción a fin de que el entonces director jurídico de la EMAB procediera en el sentido que él quería, como grave a título de dolo. 

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