3 septiembre, 2026
Ahora, con la decisión del Juzgado 34 de Familia, las autoridades tendrán que extremar las medidas de verificación.
Última actualización septiembre 3, 2026 a las 01:02 pm
Un juzgado de Bogotá ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos militares cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.
La determinación fue adoptada por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, que admitió una acción de tutela presentada contra el presidente, el ministro de Defensa, Jorge Mora, y los principales comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional.
De acuerdo con la orden judicial, las operaciones deberán suspenderse en estos casos mientras las autoridades adoptan y verifican las medidas de precaución y protección necesarias, y establecen que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo.
El juzgado también exigió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la decisión, teniendo como prioridad el interés superior de los menores y la prevalencia de sus derechos, además de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos para las actuaciones militares en contextos de conflicto armado.
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La decisión judicial ocurre en medio de la controversia generada por la muerte de menores de edad durante dos operaciones aéreas realizadas por el actual Gobierno. El primer caso se registró el pasado 10 de agosto en Catatumbo, donde murió un menor de 16 años, mientras que en una segunda operación, desarrollada el 27 de agosto en Guaviare contra estructuras de las disidencias de alias Calarcá, murieron tres menores, de 15, 15 y 16 años, según las versiones citadas en la tutela.
Tras conocerse estos hechos, el ministro de Defensa, Jorge Mora, defendió las operaciones y sostuvo que los menores hacían parte de los grupos armados y eran combatientes. En el caso de Guaviare, afirmó que la ofensiva tenía como objetivo una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño y que los fallecidos correspondían a integrantes de esa organización.
Ahora, con la decisión del Juzgado 34 de Familia, las autoridades tendrán que extremar las medidas de verificación y precaución antes de ejecutar bombardeos cuando exista información que permita establecer razonablemente que en el objetivo militar pueden encontrarse menores de edad.
