6 marzo, 2024
Ante las preocupaciones de las víctimas, Sonia Londoño, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, expuso enfoque de soluciones duraderas que incluyó el Gobierno en su propuesta de reforma.
Última actualización marzo 6, 2024 a las 02:30 pm
Las preocupaciones y sugerencias de las víctimas del conflicto armado y la sociedad civil del departamento del Cesar sobre la reforma a la Ley 1448 de 2011, quedaron consignadas en una extensa audiencia pública que se desarrolló este lunes en Valledupar. Durante más de cinco horas, unas 100 personas se congregaron el Centro de Eventos Paisaje de Sol, ubicado en el occidente de Valledupar, para dar sus puntos de vista sobre el contenido de la reforma a la Ley 1448, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que cursa en este momento en la Cámara de Representantes.
La sesión fue protagonizada por 25 voceros de las víctimas del conflicto, que plantearon a los representantes del Congreso y a los delegados del Gobierno algunas recomendaciones para el trámite legislativo. Asimismo, quienes hicieron parte de la sesión agradecieron que se escuchen sus voces y reafirmaron su compromiso con la paz, la búsqueda de la reconciliación y el trabajo para que sean el centro de la discusión.
Y es que la reforma a la Ley 1448, en palabras de Adriana Arias Montero, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Valledupar, “es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la paz y la reconciliación, y trabajar juntos en la construcción de un futuro mejor para todos los colombianos”.
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Sin embargo, también hubo espacio para hacer un corte de cuentas a la implementación de la política pública de víctimas, que tiene deudas en varios aspectos y de ahí la necesidad de adelantar esta reforma. Tays Ruiz Daza, integrante de la Mesa de Víctimas de Valledupar, manifestó su inquietud por la “lentitud en las indemnizaciones” y la extensión de los tiempos para hacer nuevas declaraciones mediante la Ley 2343 que promulgó el Congreso en diciembre de 2023. “Si ingresan más víctimas, ¿qué va a pasar con la población que sigue esperando por su reparación?”, cuestionó la vocera.
En ese mismo sentido, Bridis Pedroza, delegado de la Mesa de Víctimas del municipio, destacó que el problema para la reparación es el presupuesto existente, ya que “sin presupuesto no se puede hacer una reparación efectiva en los territorios”, un tema en el que se insistió en muchas de las intervenciones y que redondeó Juan Carlos Gómez, coordinador de la Mesa de Víctimas del Cesar, quien pidió no olvidar la deuda histórica que existe al respecto. “Es lamentable que las víctimas estén muriendo por su avanzada edad, porque no hay recursos para hacer la indemnización”, afirmó.
Además del presupuesto y la celeridad de las indemnizaciones, las víctimas hicieron otros llamados para tener en cuenta durante el proceso legislativo, como las soluciones integrales y a largo plazo, el enfoque diferencial étnico y el fortalecimiento del SNARIV.
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Las preocupaciones que exteriorizaron las víctimas fueron atendidas por la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Sonia Londoño, quien explicó las razones, alcances y apuestas del proyecto que presentó el Gobierno del Cambio y que se tramitará a la par de las otras tres iniciativas legislativas.
En respuesta a las preocupaciones planteadas en la sesión, Londoño señaló que desde el Gobierno del Cambio se impulsó esta reforma, en primer lugar, por el deber que tiene Colombia como país comprometido con la paz de realizar los ajustes necesarios para lograr una articulación entre las políticas de víctimas y de paz.
También mencionó que el compromiso del Ejecutivo por abordar los derechos de las víctimas del conflicto armado responde a la compleja realidad que todas ellas enfrentan, como el aumento considerable del universo de víctimas y las dificultades advertidas en esta serie de audiencias donde la palabra la tienen quienes han vivido de cerca la guerra interna.
En ese sentido, la subdirectora de la Unidad enfatizó en el enfoque de soluciones duraderas: “Se mencionaron aspectos sobre educación, salud y distintas medidas para comunidades retornadas o que están en las ciudades y requieren de procesos de integración local. Por eso, hay artículos específicos que refieren a soluciones duraderas para que haya medidas en educación, salud, atención integra y que pasemos de una mirada asistencia a soluciones a largo plazo. Eso implica un esfuerzo de las distintas entidades del Estado”.
Por otro lado, sobre la recurrente preocupación por la financiación, la funcionaria argumentó que “la reforma propone crear una Comisión de Financiamiento porque, como ustedes lo han dicho, los recursos ni han sido suficientes. La idea de la comisión es identificar nuevas fuentes de financiación y las organizaciones han propuesto alternativas de financiación”.
La delegación del Congreso estuvo compuesta por Oscar Hernán Sánchez, presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y los congresistas Carlos Felipe Quintero, de César, y Karyme Cotes, de Sucre, quien es coordinadora del proyecto de ley. Para Quintero, un departamento como el Cesar que fue epicentro del conflicto y sufrió tanto la violencia paramilitar como de la guerrilla y otros grupos armados ilegales, “primero tiene que pensar en las víctimas, ellas siempre tienen que ser el centro de la discusión para avanzar en los procesos de paz”.
De ahí que la delegación del Congreso se comprometió a seguir apoyando todo lo relacionado con el beneficio de las víctimas y, como concluyó la representante Karyme Cotes, hay buen ambiente para el trámite “porque para nadie es un secreto que necesitamos mejorar los procesos de interacción de las víctimas con las entidades del Estado”, pues el 26 % de la población del departamento es víctima del conflicto y es necesaria “una acción más coordinada para atender a esta población”.
Cabe recordar que esta audiencia pública fue un espacio de socialización en el que líderes de víctimas del conflicto armado y víctimas no organizadas, académicos, representantes del Gobierno nacional y delegados de la sociedad civil, se expresaron sobre el proyecto de reforma que unifica cuatro iniciativas legislativas: tres de origen parlamentario y la iniciativa del Gobierno que se radicó en septiembre de 2023. Debido a la complejidad de tramitar cuatro proyectos por separado, con el alto riesgo de que se hundan, se decidió acumularlos para hacer solo un estudio y tramitar la reforma que condense las mejores apuestas de las cuatro iniciativas.
