Por: Equipo Primera Linea


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Unidad para las Víctimas insistió ante el Congreso para articular política de víctimas y de paz

7 febrero, 2024

Patricia Tobón Yagarí, durante la primera audiencia pública de este año para hacerle seguimiento a la implementación de lo pactado en La Habana en 2016.

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Última actualización febrero 7, 2024 a las 11:47 am

¿Cómo va la implementación del Acuerdo Final de Paz? Sobre esta pregunta se desarrolló la audiencia pública realizada este martes 6 de febrero en el Congreso de la República. Una sesión que fue citada por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y que tenía como objetivo conocer los detalles, avances y expectativas para la puesta en marcha de lo acordado en La Habana entre el entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc-EP, así como la ejecución de acciones por parte del Gobierno del Cambio para la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz.

La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, fue una de las funcionarias citadas a la sesión, de la que también participaron voceros de entidades encargadas de la implementación del Acuerdo, y congresistas. En su intervención resaltó los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno para superar los rezagos que existen desde hace más de una década en cuanto a la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. Acciones puntuales como que en 2023 se realizó la mayor entrega de indemnizaciones individuales, que superó en un 23,5% el promedio de ejecución presupuestal histórico anual desde 2012.

También, presentó cifras reveladoras como la entrega de ayudas humanitarias a 180.270 hogares desde la firma del Acuerdo Final de Paz y el apoyo en la atención humanitaria para comunidades desplazadas. “Hemos contado 5 millones giros en atención humanitaria y tenemos un modelo de subsistencia mínima étnica, de donde hemos atendido 140 comunidades étnicas. Hemos dado 15.000 giros”, destacó Tobón Yagarí.

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La atención del drama del confinamiento a 304 comunidades étnicas, los más de 900 sujetos de reparación colectiva, la más alta concertación de planes integrales de reparación colectiva (646), son otras muestras de la voluntad del Gobierno del Cambio para saldar las deudas históricas con las víctimas y buscar caminos para su reconocimiento por medio de estrategias de participación.

Y es que uno de los aspectos esenciales de la dirección de Tobón Yagarí es la apuesta por dignificar a las víctimas del conflicto para que su voz tenga eco como sujeto s políticos. En ese sentido, la directora de la Unidad para las Víctimas expresó que durante 2023 se hizo una discusión pública con las víctimas, que derivó en la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) y que está en manos del Congreso esperando su trámite.

“Si bien la deuda es bastante grande, contribuimos en este periodo de Gobierno con metas que ayuden a contribuir y una discusión de política de actualización de la ley que hemos presentado y que es uno de los puntos que estaban pendientes en el Acuerdo de Paz, el punto 6, y es poder entregarles al Congreso con una participación efectiva de las víctimas”, mencionó Tobón Yagarí sobre el proyecto que tiene como uno de sus objetivos la armonización de la política de víctimas con la política de paz.

“Necesitamos esa discusión porque pasa por discutir las fuentes de financiación para la implementación y articular y redistribuir asuntos que pasan por el Congreso. Los asuntos que pasan por la reglamentación del Gobierno, las haremos, pero hay asuntos que deben pasar por el Congreso para poder articular las instituciones de paz con las políticas anteriores”, concluyó la directora de la Unidad para las Víctimas, en un llamado al que se unió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien también propendió por la aprobación de la reforma a la Ley de Víctimas.