El programa de alimentación escolar no comenzó con las clases en Valledupar.
Por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para elegir al operador del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el Departamento del Cesar, llevaron a la suspensión de la adjudicación del operador.
Sumado a esto, las diligencias adelantadas por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública tratan de establecer posibles inhabilidades y conflictos de intereses en el mismo proceso de selección.
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Medios de comunicación han denunciado nexos políticos y contratos amarrados con la administración, lo que en concepto del ente de control merece especial seguimiento.
El contrato para la vigencia 2023 y que tiene como objetivo suministrar las raciones alimentarias para instituciones educativas oficiales en zonas urbanas y rurales del departamento, y que sería adjudicado en pocos días tiene un presupuesto asignado de $48.739.961.016.
El Ministerio Público ha sido enfático y recuerda el cumplimiento estricto de la directiva 019 de 2022 sobre la “Planeación oportuna de procesos de contratación del programa de alimentación escolar 2023” y de la Resolución 092 de 2021, expedida por la señora Procuradora General de la Nación, “Por medio de la cual se crea el Comité Especial para el Programa de Alimentación Escolar- CEPAE.»
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