Privado de la libertad deberá permanecer el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, ante una nueva medida de aseguramiento que decidió el Tribunal Superior de Bogotá contra. Casa por cárcel fue la medida que deberá tener durante el proceso que se adelanta en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Este nuevo lio jurídico está relacionado por la intervención del gobernador en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del departamento del Cesar, suscrito en el 2015 entre el secretario general y un consorcio integrado por tres empresas, que tenía como finalidad la prestación del servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes del departamento por un valor de $23.538 millones, pero que en realidad tuvo un costo de $34.632 millones.
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Entre estas anomalías se destaca una posible falta de planeación por parte de la gobernación al firmar un contrato por 81 y no por los cinco meses que dura un semestre escolar. Esta anomalía obligó a que se realizaran prórrogas de tiempo y adiciones presupuestales en la contratación, medidas que aportaron al sobrecosto.
Otra de las falencias en el contrato, es la no priorización de comunidades indígenas del departamento. Tampoco se denominaron dietas ni complementos alimenticios para los estudiantes que serían beneficiados. Monsalvo Gnecco habría usado su poder como gobernador para favorecer al consorcio que terminó adjudicándose este millonario contrato.
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