25 noviembre, 2019
"No es la primera vez que sucede", denunció el concejal Ricardo Vives sobre el corte de energía eléctrica en la sala donde se llevó a cabo el debate por las irregularidades encontradas en contrato de $1.099 millones.
Última actualización noviembre 25, 2019 a las 05:57 pm
Una situación irregular se presentó en las instalaciones del Concejo de Valledupar minutos antes de iniciar el debate de control político que la corporación haría a funcionarios de la alcaldía de Valledupar este lunes 25 de noviembre.
Un corte repentino de la energía eléctrica en las instalaciones fue señalado como intento de saboteo para suspender el encuentro a la que estaban citados el secretario de Hacienda, Saúl Martínez, el jefe de la Oficina del adulto mayor de Valledupar, Jaider Rincones y el secretario general, José Juan Lechuga, este último ausente por presuntos dolores de espalda.
El hecho se presentó cuando el concejal proponente Ricardo Vives terminó de leer el orden del día en el que los funcionarios de la alcaldía tendrían que rendir cuentas por las presuntas irregularidades que se cometieron en la celebración del contrato de prestación de servicios No.1011 que celebró el municipio con la Fundación Creciendo con Cultura por un valor de más de 1.099 millones de pesos.
«Personalmente esto hace parte de un supuesto sabotaje. No es la primera vez que sucede. Ya en debates anteriores sucedía y pasaba lo mismo. Hasta el día de ayer funcionaban los aires y la energía. Lo más raro es que se fue solo en el recinto del Concejo.
Ricardo Vives.
Para los concejales, la interrupción del servicio de energía obedece a una estrategia de los funcionarios de la alcaldía para ganar tiempo. «No tienen los argumentos suficientes para confrontar lo que hoy se expondrá en el Concejo», expresó el concejal Vives.
Las presuntas irregularidades del contrato están vinculadas a cláusulas no cumplidas por parte del contratista y datos falsos dentro del mismo.
«Dentro del contrato hay una cláusula que obligaba al contratista a contratar al menos cuatro empleados, vinculados formalmente a nómina. Esto no se dio, por ende viola la norma», dijo.
Los funcionarios también debían aclarar por qué la dirección de la Fundación es la misma donde vive la madre y familiares de una funcionaria de Secretaría General, quien está señalada como apoyo a la supervisión del contrato y quien proyecta los oficios.
«En dicha dirección no pudieron notificar al representante legal porque en ese domicilio señalaron que no funciona dicha fundación. La dirección es la carrera 13 #36-175 del barrio 12 de Octubre. Esa dirección fue la señalada en el contrato», explicó el concejal.
