1 septiembre, 2026
El alcalde explicó que la decisión no contempla una apelación como tal, sino una revisión ante el superior.
Última actualización septiembre 1, 2026 a las 05:33 pm
El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, se pronunció sobre la decisión del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar que ordenó tres días de arresto en su contra por el presunto incumplimiento de las órdenes relacionadas con el desalojo y la garantía del derecho a la vivienda de las familias que ocupan el predio La Sabana 1.
Aunque aseguró que acatará la determinación judicial, el mandatario dejó claro que no está de acuerdo con los argumentos expuestos por el juez y anunció que su equipo jurídico ya trabaja en la revisión del fallo, con el propósito de presentar las respectivas justificaciones ante el superior.
“Soy respetuoso de la justicia, las órdenes judiciales hay que cumplirlas. Así también, desde la oficina jurídica y con nuestros abogados, vamos a revisar ese fallo que salió el viernes pasado, donde nos ordenan tres días de arresto”, manifestó Orozco.
El alcalde explicó que la decisión no contempla una apelación como tal, sino una revisión ante el superior, trámite que, según indicó, ya está siendo adelantado por su equipo jurídico. “Como les dije, respetamos, pero no compartimos el fallo que da el juez”, afirmó.
El mandatario sostuvo que las condiciones actuales son muy diferentes a las existentes cuando fue emitida la sentencia que ordenó atender la situación, pues inicialmente se hablaba de unas 800 personas, mientras que hoy la población asentada en el terreno supera ampliamente esa cifra.
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Uno de los principales argumentos del alcalde para explicar las dificultades que existen para ejecutar el desalojo está relacionado con la capacidad operativa requerida para una intervención de semejante magnitud. Según Orozco, la propia Fuerza Pública habría advertido sobre la necesidad de disponer de miles de uniformados, vehículos, maquinaria y lugares adecuados para trasladar a las personas que sean retiradas del predio.
“Eso se va a convertir en una guerra”, advirtió el mandatario, quien cuestionó lo que implicaría sacar de manera simultánea a unas 30.000 personas de la zona, especialmente teniendo en cuenta que, según dijo, podría presentarse resistencia durante el procedimiento y allí permanecen adultos mayores y otras personas en condición de vulnerabilidad.
Frente a este escenario, Orozco aseguró que su administración ha intentado buscar una salida diferente al desalojo mediante la negociación del inmueble, reconociendo tanto los derechos de los propietarios como el derecho a la vivienda de las familias que actualmente ocupan el terreno.
En ese camino, señaló que el municipio ya realizó la declaratoria de utilidad pública del predio, adelanta un convenio con Fonvisocial y realizó los avalúos correspondientes, mientras gestiona los recursos que permitan avanzar hacia una eventual negociación con los propietarios.
El alcalde también destacó que la Administración Municipal ha buscado involucrar al Gobierno Nacional y a diferentes sectores políticos del departamento para encontrar una solución a la problemática, mencionando reuniones con la Agencia Jurídica del Estado, congresistas, la gobernadora del Cesar y, recientemente, con el ministro de Justicia.
“Nosotros, conscientes de eso, hemos tratado de buscar soluciones”, sostuvo Orozco, quien insistió en que el municipio no ha permanecido de brazos cruzados frente a la situación de La Sabana 1, sino que ha intentado encontrar una alternativa que permita cumplir las decisiones judiciales sin desencadenar un conflicto de mayores proporciones en Valledupar.
