4 septiembre, 2019
La medida busca garantizar los derechos de cerca de 2 millones de usuarios del sistema, según el ente de control.
Última actualización septiembre 4, 2019 a las 06:54 am
El ente de control busca un mecanismo que permita adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio a cerca de 2 millones de usuarios que podrían estar en riesgo.
La EPS tiene una deuda de $2.2 billones, por lo que algunas IPS no prestan los servicios de salud a la población afiliada, revela la Procuraduría en un comunicado.
Según el Ministerio Público, este pasivo ha causado que se realicen pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a las pactadas en los acuerdos contractuales, para poder cumplir a los usuarios.
Coomeva EPS ha tenido un aumento en las quejas por presuntas irregularidades en la prestación de servicios. En los primeros 7 meses de 2019 se han registrado 42.702 PQRD (un promedio de 6.100 por mes). Para 2018 esa cifra fue de 60.824, lo que significa que en promedio al mes fueron 5.068.
En su mayoría las PQRD relacionadas con barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos.
En el primer semestre de 2019 la cuantía de los procesos jurídicos contra la EPS asciende a $6.007.783.896. En el mismo periodo ha sido notificada de 17.435 acciones de tutelas, y entre enero y mayo, de 287 desacatos.
Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se han encontrado evidencias que permitirían establecer que la EPS estaría incumpliendo con las condiciones financieras establecidas, que no cuenta con una red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, presenta un alto número de tutelas y embargos y tiene fallas en los programas preventivos.
