Procuraduría sale en defensa de los contratos de prestación de servicios

Última actualización enero 11, 2023 a las 07:26 am

No para la polémica por la circular expedida por Función Pública para iniciar la formalización del empleo en las diferentes entidades del Estado, que da un plazo máximo de cuatro meses para hacer la transición de los contratos de prestación de servicios y crear, mientras tanto, plantas temporales.

La Procuraduría General de la Nación envió una circular a los ministerios en la que advirtió que el plazo de cuatro meses establecido para formalizar los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión resulta escaso, por lo que solicitó agotar las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una parálisis del Estado en todos sus niveles.

En el documento, enviado también a las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva, se instó a las autoridades públicas a dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios requeridos para materializar el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023, en aras de garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas, y ateniéndose a lo dispuesto en diversos fallos proferidos por las Altas Cortes del país.

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De igual manera, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social señaló que no se puede dejar a las entidades “sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”, e indicó que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.

El Ministerio Público pidió a los responsables de la administración cumplir con la obligación legal de avanzar en los trámites para la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes, sin desconocer los derechos de los contratistas del Estado a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral. 

La entidad resaltó la pertinencia de las observaciones y recomendaciones que a propósito del tema realizó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, dirigidas al secretario jurídico de la Presidencia, todas ellas encaminadas a la defensa del trabajo decente en el sector público.

Finalmente, la Procuraduría reiteró la necesidad de acabar con la precarización laboral, sin que eso implique causar un detrimento en los servicios profesionales y de apoyo que actualmente prestan miles de contratistas en los diferentes organismos de la Rama Ejecutiva del nivel central, descentralizado, nacional y territorial.

¿Qué dice Función Pública?

El director de Función Pública, César Manrique, explicó qué pasará con los contratos de prestación de servicios.

“No podemos garantizar que los contratistas que hoy están van a permanecer porque eso es una decisión independiente y autónoma de cada administración”, manifestó.

De igual manera, dijo que los colombianos no culpen al gobierno actual por esta decisión. “Lo que estamos planteando es una política pública de cómo podemos formalizar el empleo público en Colombia (…). Estamos dándole cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional. Son aquellos (los contratos) que se disfrazan para un interés político, no son los verdaderos contratos de prestación de servicios”, destacó.

De igual forma, se refirió al por qué incluyeron a los entes territoriales en la circular, pues las regiones tienen autonomía sobre este tema.

“No puedo decir que puedo determinar la legalidad de las resoluciones. Estoy totalmente seguro de la legalidad de ellas. La autoridad municipal no se violenta cuando un órgano nacional nos plantea que, por orden constitucional, se debe plantear la política del empleo público (…). Quiero que se entienda, lo digo con respeto: una cosa son los contratos de prestación de servicios que autoriza la Ley 80 que están reglados y no tienen ningún problema”, explicó.

También resaltó que están previendo posibles demandas en contra del Estado por esta situación del empleo público.

“Hay que hacer una precisión. Ellos no tienen ningún cargo en la administración pública. Estamos previendo un daño antijurídico. Es un problema del Estado colombiano”, aseveró.