23 septiembre, 2024
Operativo de autoridades desmantela red de tráfico de migrantes; se cancelaron más de 1.000 cédulas obtenidas fraudulentamente.
Última actualización septiembre 23, 2024 a las 11:32 am
En la madrugada de hoy, 23 de septiembre de 2024, se llevó a cabo un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, la Policía Judicial y el GAULA del Ejército en el municipio de La Paz, Cesar. A las 5:00 a.m., las autoridades allanaron la vivienda del registrador municipal, Oswaldo Morales López, y detuvieron tanto a él como a su secretaria, Liliana Maury. Ambos funcionarios enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico de migrantes, vinculados a la expedición irregular de cédulas de ciudadanía a extranjeros.
El caso ha generado gran revuelo debido a la magnitud de la red de corrupción que operaba dentro de la Registraduría Municipal de La Paz. Según las autoridades, Morales y Maury habrían facilitado la entrega fraudulenta de documentos de identidad a ciudadanos extranjeros, particularmente de origen dominicano, venezolano y ecuatoriano, violando los protocolos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este tipo de irregularidades representa un riesgo significativo para la seguridad del país, afectando tanto los procesos de nacionalización como la transparencia electoral.
En el marco de esta operación, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, en lo corrido del año, ha cancelado 1.038 cédulas de ciudadanía expedidas de manera fraudulenta a ciudadanos extranjeros. La mayoría de estos documentos correspondían a personas de nacionalidad dominicana, venezolana y ecuatoriana. Los departamentos con mayor número de cédulas canceladas fueron Atlántico (265), Córdoba (253), Cesar (121) y Bogotá (139).
Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, denunció que muchos ciudadanos colombianos han sido cómplices de este delito al prestar sus testimonios en las inscripciones de registros civiles falsos. «Este tipo de colaboraciones no solo compromete la seguridad del país, sino que constituye un delito que puede llevar a prisión a quienes los cometen», afirmó Penagos. Además, hizo un llamado de atención a la ciudadanía para evitar ser partícipes de estas redes criminales que socavan la legitimidad de los procesos de registro e identidad.
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La Fiscalía General de la Nación ya está adelantando las investigaciones correspondientes, con el objetivo de desarticular completamente esta red de corrupción. En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias de imputación de cargos y la solicitud de medidas de aseguramiento para Morales López y su secretaria.
La Fiscalía no descarta la posibilidad de que haya más personas involucradas en esta operación ilícita, tanto dentro como fuera de la Registraduría Municipal de La Paz. Se espera que las investigaciones continúen en profundidad para identificar otros posibles colaboradores y beneficiarios de esta red dedicada al tráfico de migrantes y la falsificación de documentos.
Este tipo de delitos no solo atentan contra la seguridad del Estado colombiano, sino que también afectan directamente la confiabilidad del sistema de identificación y los procesos de control migratorio en el país. Las autoridades han reforzado los protocolos de vigilancia y control en las oficinas de la Registraduría a nivel nacional, con el fin de prevenir futuros casos de este tipo y garantizar la transparencia en la expedición de documentos.
