4 octubre, 2024
El presidente entregó tierras a familias campesinas y cuestionó a la Fiscalía por no defender los bienes de las víctimas del paramilitarismo.
Última actualización octubre 4, 2024 a las 07:15 am
Este jueves 3 de septiembre, el presidente Gustavo Petro realizó una visita al sur del departamento de Magdalena, donde, junto a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entregó 3.280 hectáreas a 411 familias de productores campesinos. Durante su intervención, Petro aprovechó para hacer fuertes críticas a la desigualdad en la tenencia de tierras y la gestión de bienes expropiados a paramilitares.
Petro anunció que, antes de finalizar octubre, su gobierno realizará una entrega histórica de tierras: “Esperamos la entrega más grande de tierras al campesinado, con 50 mil hectáreas en diversos lugares del país”. Además, subrayó el compromiso de su administración con la reforma agraria, un paso crucial para la justicia social y la producción agrícola en Colombia.
“Entregar la tierra es un canto de igualdad, lo que pasa con la tierra en Colombia es una de las peores situaciones que en economía se pueden tener y que en la humanidad se pueden experimentar. La tierra es para producir alimentos, para eso es que está. La tierra no es para… pic.twitter.com/aKgGWWHJbr
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 3, 2024
En su discurso, el presidente también denunció que predios entregados por exjefes paramilitares, destinados a la reparación de las víctimas, han sido ocupados por el Clan del Golfo. Petro arremetió contra el exfiscal Francisco Barbosa, a quien acusó de no cumplir con su deber de proteger estas tierras, permitiendo que cayeran en manos criminales.
TE PUEDE INTERESAR: Silvestre Dangond la estrella en la Independencia de Cartagena
“Lo que hizo la Fiscalía de Barbosa fue pasar las tierras de unos narcotraficantes a otros narcotraficantes asesinos. Así no se puede construir la paz”, sentenció el mandatario, visiblemente molesto. Estas declaraciones refuerzan las preocupaciones del Gobierno sobre la falta de control en la distribución de bienes para la reparación de víctimas.
La Reforma Agraria, según el presidente, sigue avanzando a buen ritmo gracias al mecanismo de entrega voluntaria de tierras, aunque considera que es necesario ajustar las normas para acelerar el proceso. Petro llamó al Congreso a discutir medidas que faciliten la entrega de tierras fértiles a los campesinos, con el objetivo de potenciar la agroindustrialización y mejorar la economía del país.
Finalmente, los terrenos entregados en Magdalena serán destinados a proyectos productivos como pequeña ganadería y cultivos de maíz, yuca, ahuyama, arroz y plátano. El Gobierno espera que esta iniciativa beneficie a miles de campesinos y contribuya a la seguridad alimentaria del país.
En su comunicado, Barbosa respondió contundentemente a las acusaciones. Defendió su gestión señalando que durante su administración, la Fiscalía entregó al Fondo de Reparación de Víctimas 1,600 bienes que suman 1.8 billones de pesos. Destacó que esta cifra cuadruplicó la cantidad entregada en los años anteriores, lo que subraya un compromiso claro con la reparación de las víctimas del conflicto.
Barbosa enfatizó que la administración y distribución de estos bienes corresponde a la Unidad de Víctimas, una entidad dependiente del gobierno de Petro, no a la Fiscalía. Esta aclaración busca desviar la responsabilidad del manejo de tierras y bienes a la administración del presidente, quien, según Barbosa, debería estar más atento a su rol como cabeza del Estado.
El ex fiscal también comparó las cifras de imputaciones al paramilitarismo durante su administración con las de períodos anteriores. Afirmó que bajo su mando se imputaron 85,085 hechos delictivos, mientras que entre 2006 y 2019 se habían imputado 56,401. Esto incluye 24,408 imputaciones específicas a Salvatore Mancuso, resaltando una intensificación en la persecución del paramilitarismo.
Este énfasis en las cifras busca reforzar la idea de que su administración no solo fue activa, sino también efectiva en la lucha contra las estructuras criminales, contrastando así con las acusaciones de Petro.
Otro punto clave que mencionó Barbosa fue el proceso de entrega de bienes bajo la ley de Justicia y Paz. Aclaró que la entrega de los activos al Fondo de Reparación de Víctimas se realizaba bajo procedimientos reglados y que la Fiscalía no tenía injerencia directa en estos procesos. Esto pone de relieve que, aunque la Fiscalía puede haber perseguido los bienes, su gestión final estaba en manos de la Unidad de Víctimas, dirigida por el gobierno actual.
Por último, Barbosa resaltó que fue durante su administración cuando se judicializó a 76 terceros implicados en la financiación del paramilitarismo. Esto pretende mostrar que no solo se enfocó en los líderes criminales, sino también en aquellos que facilitaron sus operaciones, una labor crucial en el proceso de justicia y reparación.
