17 junio, 2025
Eli López Barrero, residente en Aguachica, alertó que fue obligado por su nueva EPS a recibir tratamiento en una sala de hemodiálisis que no cumple con estándares mínimos ni cuenta con unidad renal certificada.
Última actualización junio 17, 2025 a las 11:56 am
Una grave denuncia llegó al medio Primera Línea, protagonizada por Eli López Barrero, un ciudadano residente en Aguachica, Cesar, que padece enfermedad renal crónica y lleva más de 13 años sometiéndose a tratamientos de hemodiálisis en distintas ciudades del país. Desde el 24 de mayo de 2025, su vida dio un giro tras ser notificado por su nueva EPS del traslado obligatorio a la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, donde asegura no existen las condiciones adecuadas para su atención.
“El traslado me lo informaron por teléfono a las 8:30 de la noche. Les dije que no estaba de acuerdo, porque eso no es una unidad renal, es apenas una sala de hemodiálisis. Además, ya había escuchado de varias negligencias en esa clínica”, expresó Barrero.
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A pesar de su oposición, la EPS le comunicó que el cambio se haría efectivo el 1.º de junio “quiera o no quiera”. Frente a esta imposición, interpuso una tutela provisional que fue fallada a su favor el 30 de mayo. Sin embargo, al presentarse en la Unidad Renal de Ocaña con el fallo, le negaron el servicio. “El administrador me dijo que ese papel no le importaba, que la orden era no atendernos más”, afirmó el denunciante.
Barrero aseguró que otros siete pacientes también fueron trasladados sin consentimiento, y varios más están a la espera de ser enviados a Aguachica en contra de su voluntad. “La EPS no se ha manifestado. En la clínica hay muchas irregularidades: no tienen jefe certificado en hemodiálisis, usan insumos de baja calidad y no cumplen con los protocolos”, agregó.
El denunciante afirma que han publicado videos en redes sociales evidenciando la precariedad del servicio, lo que ha generado mejoras mínimas, pero insuficientes. “No es una unidad renal y no están preparados para atendernos. Estamos en manos de Dios”, concluyó.
El caso refleja una alarmante situación que pone en riesgo la vida de pacientes renales crónicos y exige una pronta intervención de las autoridades sanitarias para garantizar el derecho a la salud con dignidad y calidad.
