4 julio, 2019
El pasado 15 de marzo el Juzgado 22 Penal de garantías de Bogotá envió a prisión como medida preventiva de seguridad, al al exsenador Luis Alberto Gil Castillo junto al ex fiscal delegado ante la JEP Carlos Bermeo
Última actualización julio 4, 2019 a las 10:01 am
La defensa de Luis Gil solicitaba la medida de prisión domiciliaria, recurso aún disponible para los funcionarios que incurran en delitos de corrupción y que estuvo amenazada de desaparecer de no ser por la no conciliación de la ley anticorrupción entre el senado y el congreso el mes pasado.
Frente a dicha petición, la Fiscalía anunció que el Juez 45 de Control Garantías negó la solicitud de prisión domiciliaria al exsenador Luis A. Gil, investigado por concierto para delinquir y cohecho por presunta incidencia en la extradición de Santrich.
Para dicho fallo, la Fiscalía entregó al Juez de Control de Garantías el dictamen de Medicina Legal que explica las complicaciones de salud que atraviesa el exsenador para asegurar que el exfuncionario podía recibir atención médica en la cárcel de La Picota, en Bogotá. La Fiscalía no reveló el informe médico a la opinión pública.
La Procuraduría avaló la petición del fiscal de turno, por lo que Luis Alberto Gil continuará tras las rejas mientras se prepara el juicio en el que se definirá si es culpable o no por los cargos que se le imputan.
Según la audiencia pública realizada tras su captura, el exsenador pertenecía a una organización que supuestamente cometía delitos contra la administración pública.
De acuerdo con videos obtenidos en dos hoteles de la capital y llevados al juez de garantías, “el exfiscal Bermeo habría recibido US$40.000 mientras que los otros procesados cerca de US$460.000 a cambio de incidir en el expediente por la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich”, indicó el delegado del ente acusador.
“Aseguró la fuente que se tenía prevista una reunión en los próximos días con la participación de Gil, Bermeo y Villamizar con el propósito de pactar ofrecimientos como los de retardar, congelar u omitir procesos penales específicos y sensibles para Colombia y Estados Unidos”, sostuvo el fiscal.
En su momento la juez consideró urgente proferir la medida de aseguramiento en centro carcelario tras la inminente probabilidad de obstrucción a la justicia y la facilidad que tendrían los procesados para abandonar el país.