14 enero, 2020
El exsecretario de Hacienda de la Gobernación de Córdoba, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera, María Eugenia Ferreira Chaar quedaron libres de cargos tras culminar la investigación.
Última actualización enero 14, 2020 a las 02:15 pm
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de 11 meses al exgobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, y con destitución e inhabilidad general por 13 años al exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán, por irregularidades en el pago de medicamentos a pacientes con hemofilia y/o von Willebrand.
El ente de control reveló en un comunicado que el exmandatario departamental solicitó la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de la IPS.
Durante la investigación se comprobó que Besaile Fayad no impartió instrucciones, ni hizo seguimiento, orientación, vigilancia y control jerárquico sobre el uso de los recursos.
La Contraloría General de la República advirtió al entonces mandatario de las irregularidades en los controles para ordenar los pagos de medicamentos, que no permitían tener certeza de la real prestación de servicio.
El exgobernador fue sancionado con 11 meses de suspensión, de los cuales se les descontará los seis meses de suspensión provicional que fueron decretados durante la investigación. El tiempo que resta tendrá que pagarlo de acuerdo al salario que devengó al momento de los hechos.
En el caso de José Jaime Pareja Alemán, la Procuraduría determinó la falta como gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental y violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
Esto por ordenar el pago mediante la Resolución 00008 del 16 de mayo de 2016 sin realizar los controles efectivos, pese a haber sido informado de las observaciones del ente de control fiscal, que evidenciaron inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles existentes en la secretaría, los cuales no permitían tener certeza del servicio facturado por la IPS, generando un grave daño social y un detrimento patrimonial al Estado.
La Procuraduría absolvió al exsecretario de Hacienda de la Gobernación de Córdoba, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera, María Eugenia Ferreira Chaar, al encontrar que para efectuar el pago a la IPS surtieron el procedimiento establecido consistente en verificar la existencia previa de un certificado de disponibilidad presupuestal y un acto administrativo que ordenaba el pago, cuyo trámite había estado a cargo de la dependencia respectiva. Además, no mediaba alguna orden que evitara realizar la transferencia.
