6 junio, 2024
Leal Angarita explicó que lo reportado por cada uno de los agentes interventores robustece las decisiones tomadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud respecto a cada una de las EPS.
Última actualización junio 6, 2024 a las 03:20 pm
El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, dio a conocer este jueves algunos de las principales situaciones encontradas a la fecha por parte de los agentes interventores en tres de las EPS sobre las que se ordenó recientemente medida de intervención forzosa administrativa para administrar.
El interventor encontró gastos al cierre de la vigencia 2023 por 104.226 millones de pesos en operación de centros médicos. El informe del interventor reveló que no se detallaba la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores, ni las brechas en la oferta de servicios.
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Además, falta el análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, la descripción de patologías de alto costo, los programas de intervención y la implementación de criterios para la priorización.
El interventor indicó que la EPS hacía pagos a los prestadores de servicios de salud; sin embargo, desconocía si estos estaban o no prestando verdaderamente la atención, puesto que no pedía reportes, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en materia de salud.
En el primer trimestre de 2024, la suficiencia de la red fue del 87.7% con brechas del 12.3%. Este comportamiento obedece a la baja capacidad resolutiva, falta de oportunidad en la prestación o a problemas de accesibilidad.
Una de las observaciones más significativas por parte del agente interventor tiene relación con el riesgo de la EPS en la concentración del nivel primario en cabeza de un prestador (Comfandi) que, además, tiene la condición de vinculado, lo que hace y hará más difícil su evaluación de eficiencia.
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El interventor manifestó que para los contratos PGP suscritos con la prestadora COMFANDI, se determinó una baja ejecución durante el periodo agosto 2023 y marzo de 2024 del 82.35%, lo que equivale a $19.629 millones, además de bajos desempeños en los periodos anteriores de las vigencias contractuales, sin haberse realizado los recobros correspondientes.
Leal Angarita explicó que lo reportado por cada uno de los agentes interventores robustece las decisiones tomadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud respecto a cada una de las EPS aludidas, y revela parte de la realidad de cada una de estas EPS.
