3 junio, 2020
El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, se le investiga por la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones.
Última actualización junio 3, 2020 a las 08:34 am
En la consecución de resultados por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos en municipios de Colombia, la Procuraduría General de la Nación suspendió al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
El mandatario fue aislado provisionalmente, por tres meses, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones.
Así mismo, un posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, que pueden advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa.
La medida cautelar de la Procuraduría se tomó para evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos.
Para el órgano de control la inactividad del alcalde ante las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, permitieron considerar que la permanencia del funcionario advertiría la posibilidad de continuar dichas irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia.
El representante del Ministerio Público consideró que estas presuntas irregularidades permitían inferir que, aunque el alcalde advirtió que no contrataría más, si se tratasen de otros procesos y otras contrataciones relacionadas con la pandemia, el mandatario local reiteraría estas conductas, dado que el municipio de Armenia tiene un plan de compras y adquisiciones que supera los $100.000 millones y la contratación pública es una actividad permanente, que no depende de la voluntad de un funcionario, sino de las necesidades del servicio y de los ciudadanos.
Así mismo, en razón a que el alcalde solicitó a sus subalternos la elaboración de informes con el propósito de establecer si las irregularidades investigadas por la Procuraduría son ciertas o no, partiendo del hecho de que todo estaba bien, el órgano de control enfatizó en que esta instrucción genera un sesgo y compromete la objetividad e imparcialidad de la administración a la hora de evaluar las presuntas irregularidades, además de que posiblemente estaría utilizando recursos de la entidad para los fines de su defensa.
Dado que se advirtieron conductas que afectan la moralidad administrativa por parte de los contratistas y los funcionarios de la administración, se consideró procedente remitir copia a la Delegada para la Conciliación Administrativa, para que analice la viabilidad de activar los medios judiciales de control de las contrataciones. Además, llamó la atención sobre posibles falsedades y conflictos de intereses en la gestión de estos negocios jurídicos.
La Procuraduría remitió copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y fines pertinentes.
En este proceso también se investiga a la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), y al subdirector, José Javier Acero Osorio; al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano y al asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita.
