3 diciembre, 2019
La JEP aceptó al ganadero Blanco Maya, uno de los jefes del señalado clan Maya en Valledupar, a cambio de revelar detalles del supuesto financiamiento de Drummond a grupos ilegales paramilitares entre los años 1993 y 2002.
Última actualización diciembre 3, 2019 a las 12:52 pm
Jaime Blanco es hermano del excontralor Edgardo Maya y del médico y exdirector del hospital Rosario Pumarejo de López, asesinado por sicarios el 10 de octubre de 2015.
En el documento se afirma que Blanco Maya “esclarecerá la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la Drummond entre 1993 y 2002 en las que cumplió un rol de intermediario (…) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”.
La Fiscalía ya determinó que el excontratista de Drummond mantuvo una relación cercana con alias ‘Jorge 40’, líder paramilitar que paga condena en Estados Unidos por narcotráfico desde el 2008.
La justicia ya determinó la responsabilidad de Jaime Blanco en los asesinatos de Víctor Orcasita y Valmore Locarno, presidente y vicepresidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Petroquímicos, Agrocombustibles y Energético, y quienes lideraban una huelga para forzar a Drummond a cambiar a la empresa que surtía de alimentos a los trabajadores de la que era propietaria Blanco.
El exganadero se comprometió con la JEP a revelar qué tan involucrados están los directivos de Drummond en el financiamiento de grupos ilegales que ejecutaron sicariatos usando su empresa como intermediaria en los pagos hechos a la AUC.
Tal como reveló el ganadero a la justicia norteamericana, alias ‘El Tigre’ lo contactó en 1995 para que usara su empresa, Industrial de Servicios y Alimentos (ISA), como fachada para el financiamiento a las AUC.
Blanco Maya habría comunicado al jefe de seguridad de la multinacional James Atkinz, a Gary Drummond, entonces presidente la compañía carbonera y directivos de la misma, quienes presuntamente aprobaron el modus operandi.
Este no será el único compromiso de Jaime Blanco Maya con la JEP, ya que también se ofreció a realizar «jornadas de perdón público» en El Paso y Chiriguaná con la intención de desestigmatizar el sindicalismo y hacer pedagogía sobre los imaginarios que alentaron los crímenes.
Fuentes de la Fiscalía revelaron a El Espectador que «ese organismo se apresta a definir si les abre una investigación formal o no» que involucra los nombres de José Miguel Linares, vicepresidente ejecutivo de la época y actual presidente de Drummon; el actual gerente de relaciones con la comunidad, Alfredo Araújo (capturado en 2015 y dejado luego en libertad); James Atkins, jefe de seguridad, y el coronel Luis Rodríguez.
