19 julio, 2020
Esta es una columna escrita por el exsecretario de Gobierno del Cesar, Carlos Andrés Cotes Maya.
Última actualización julio 19, 2020 a las 09:35 am
Colombia ha sido un país históricamente luchador, transformador y pujante, con una fortaleza importante relacionada con una distinguida variedad de recursos humanos, naturales, turísticos y culturales que cualquier otro país de América Latina podría desear. Estas ventajas absolutas mantienen un camino vigente para que el país se dirija hacia un próspero desarrollo socioeconómico y mejore la calidad de vida de la población.
La situación por la que estamos atravesando actualmente por causa de la pandemia generada por el Covid-19, ha conllevado a una pérdida acelerada de empleos, dígitos que han tenido un impacto significativo en Colombia con relación a otros países de América Latina. Según la información suministrada por el DANE, se registró que para el mes de mayo de 2020 se alcanzó una cifra de más de 4.7 millones de personas sin trabajo, siendo uno de los datos más altos en la historia del país. Los niveles de pobreza multidimensional siguen avanzando ante la falta de oportunidades de los ciudadanos para enfrentar su desarrollo personal; en el año 2019 este índice solo se redujo en 1.6%, donde las cifras mostraron que más de 615 mil personas salieron de la pobreza; hoy el panorama es muy distinto, debido al confinamiento, el contexto no es alentador para la ciudadanía colombiana, lo mismo para las mipymes y las grandes empresas; la economía ha puesto un freno que tiene en vilo el progreso en todas las regiones, logrando afectar de manera directa y generalizada la productividad y el desarrollo social del país.
Esta crisis social y económica que ha iniciado no tiene reversa, hoy quiero poner sobre la mesa, una importante propuesta para el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar, viable, que lograría coadyuvar y minimizar la situación actual, donde juegan un papel clave los gobernadores y alcaldes, e impere el liderazgo y el compromiso con las comunidades; es, primero: ajustar los planes de desarrollo a la situación atípica actual generada por el covid-19, destacando las mayores inversiones en mejoramiento sistemas de salud, generación de empleo, cobertura 100% servicios públicos, cobertura y calidad educativa – cultural, y seguridad alimentaria para atender a la población pobre y desempleada; Segundo, Valledupar es un municipio que se encuentra en Ley 550, los recursos que ingresan a las arcas hacen parte de los recaudos de los impuestos que se pagan por predial, industria y comercio, delineación urbana entre otros, y del Sistema General de Participación, estos últimos son claves para financiar ampliamente las inversiones que de manera prioritaria he solicitado se puedan atender, fortaleciendo las metas y objetivos ajustadas del plan de desarrollo que he propuesto; estos recursos se deben gestionar e invertir de manera inmediata.
Ya han pasado más de cuatro meses desde el inicio de la pandemia, muchos ciudadanos quedaron sin empleo, sin oportunidades laborales y comenzaron a vivir de los ahorros que obtuvieron de sus últimas ocupaciones, ahorros que para la mayoría se han agotado; he aquí donde quiero llegar, la preocupación aumenta de manera significativa. Comienzan a observarse los efectos del covid-19, que no solo ha dejado pérdida de vidas, sino estragos económicos; aumentan los niveles de hambre en todas las regiones, disparando los índices de desnutrición, que incluso a medida que agudice la situación, podría llegar a matar más personas que el propio virus. Los animales de la calle no escapan de la realidad, sufren de hambre y abandono de manera rampante. Según los últimos informes revelados por la ONU, Latinoamérica tendría la población mas afectada por la pandemia, arrojando una cifra que, en los próximos diez años, estarían viéndose afectadas más de 80 millones de personas por hambre.
En muchas ciudades de Colombia, las bandas delictivas se vienen reagrupando y han aprovechado la situación social actual, incrementando su potencial criminal; se ha podido determinar por el sinnúmero de denuncias y con intensa preocupación, el aumento de los hurtos a residencias, de sectores comerciales, y el hurto a personas, en todas sus modalidades, las quejas y el temor por hurto en delitos informáticos crecen, viéndose afectado el bolsillo de muchas victimas, y el incremento de violencia intrafamiliar y el feminicidio se suma a la situación, convirtiéndose en un problema incontrolable de seguridad ciudadana.
Los organismos de seguridad del estado, las instituciones, los gobiernos, los gremios y la comunidad, al trabajar de la mano, juegan un papel importante para fortalecer la seguridad ciudadana y la inteligencia, y así evitar posibles eventos (saqueos a supermercados y establecimientos comerciales, vandalismo) que alteren el orden público y la seguridad de los municipios. Cabe anotar, que desde el mismo instante que apareció la pandemia del Covid-19, el microtráfico aumentó de manera progresiva, y a su vez avanzó mutando con la conformación de bandas delincuenciales, especializadas en hurtos a residencias, buscando la forma de sumar financieramente recursos adicionales de los que usualmente reciben por la captación ilegal de dinero por venta de sustancias alucinógenas; problema que ha generados repercusiones sociales, incremento de homicidios y complicaciones de salud pública en las regiones.
Los mandatarios tendrán la capacidad de enfrentar cada uno de los problemas actuales y los que se avecinen, siempre y cuando se distancie de los hechos de corrupción y clientelismo, flagelos que afectan el desarrollo y crecimiento de los departamentos y municipios, que hace que gran parte de los recursos implementados en los planes de desarrollo sean desviados para otros propósitos y no lleguen a las comunidades para mejorar su calidad de vida.
“Un líder político para ser exitoso, deberá usar la pasión acompañada de la razón, de lo contrario frenaría su accionar en la propensión hacia el desarrollo de una comunidad”.
Por: Carlos Andrés Cotes Maya
