16 mayo, 2022
La Superintendencia de Sociedades reanudó la audiencia pública para buscarle una salida al proyecto que abrió distintas tiendas en el país.
Última actualización mayo 16, 2022 a las 06:37 am
Con el fin de encontrarle una salida a la liquidación de sus tiendas, la cadena de la sociedad Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno) reabrió algunas de sus tiendas.
La Supersociedades cuestionó el logro de esta finalidad ante el incumplimiento grave de los gastos de administración que, a 30 de abril de 2022, que ascendían a más de $135.000 millones, la operación de solo 603 tiendas de las 1.118 habilitadas y la crítica disminución de ingresos, situación que, afecta la operación de la compañía, genera duda sobre la posibilidad de atender las obligaciones corrientes, así como el debido cumplimiento de las acreencias del proceso, hechos que hace manifiesto la desprotección de los trabajadores y otros actores en su mínimo vital.
TE INTERESARÍA LEER: Rodolfo Hernández llega a Valledupar para cerrar campaña
Si bien se había pedido una liquidación judicial dado que la cadena no está en la capacidad de pagar sus acreencias, que ascienden a $1,7 billones, algunos acreedores se opusieron a esta petición. Por esto, la decisión que se tomó fue dar un plazo de 30 días para que la compañía busque planes de acción que garanticen el funcionamiento y el pago de las deudas.
Aquellos arrendadores o trabajadores que no se adhieran al plan estipulado por la compañía podrán recibir el inmueble o no trabajar.
Con el nuevo plazo, este es uno de los caminos que tiene la compañía. “Ojalá esa fórmula de que los proveedores se queden con la cadena para que no desaparezca sea la fórmula ganadora y no se pierda el esfuerzo de establecer una cadena con muchísimos puntos de venta, y el esfuerzo de tantos proveedores que obviamente tienen hipotecadas ahí sus deudas”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
¿Qué pasa con Justo & Bueno?
En octubre de 2021, la compañía pidió acogerse a un proceso de reorganización empresarial ante las deudas que tenían, que les había llevado a incumplir pagos a proveedores. Hacia finales de año la compañía obtuvo un préstamo de uno de ellos para maniobrar ante esta situación.
Consideró el juez, que estos hechos hacen más gravosa la situación para los acreedores, y le obliga a intermediar en procura de buscar el menor daño, así como la salvaguarda de todos los sujetos, en especial los de mayor protección constitucional.
TE INTERESARÍA LEER: ¡Paola Jara y Jessi Uribe ya se casaron!
Lo anterior, redundó en pruebas suficientes para decretar la terminación del proceso de reorganización y ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de la sociedad, designando como liquidador, Darío Laguado Monsalve.
No obstante, el juez resolvió favorablemente la solicitud de dar aplicación al artículo 6° del Decreto 560 de 2020, en punto al uso de la herramienta de salvamento de empresas en estado de liquidación inminente, por la manifiesta intención de un grupo de acreedores de aportar nuevo capital para este propósito, y consecuentemente el juez advirtió que se suspenden los efectos de la liquidación judicial, salvo el nombramiento del liquidador, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de los administradores, y el decreto de medidas cautelares, hasta tanto se resuelva la aprobación o no de tal operación.
Desde la Superintendencia de Sociedades continuamos apoyando a las empresas colombianas a través del desarrollo de nuestras funciones constitucionales y legales en la protección del empleo, el crédito y el bienestar del entorno empresarial.
