13 mayo, 2025
El municipio incumplió el mandato de implementar alcantarillado en más de 20 barrios, pese a tener plazo hasta diciembre de 2023 para estudios y junio de 2024 para ejecutar obras.
Última actualización mayo 13, 2025 a las 11:38 am
La Alcaldesa del municipio de Aguachica fue citada por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar a una audiencia de desacato que se llevará a cabo este jueves 15 de mayo, luego del incumplimiento de una sentencia que ordenaba implementar un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario en más de 20 barrios de la zona urbana. En el oficio enviado al despacho de la mandataria local, el juez advierte que debe comparecer acompañada de su abogado.
Cabe recordar que, mediante sentencia del 26 de octubre de 2022, el juzgado le ordenó al municipio de Aguachica y a la ESPA realizar estudios, diseñar y construir un sistema de alcantarillado que separara las aguas lluvias de las residuales, con un plazo máximo de seis meses para entregar la viabilidad del proyecto e incluirlo en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, el fallo fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Cesar en mayo de 2023, por lo que los plazos comenzaron a correr desde esa fecha.
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Desde entonces, no se ha evidenciado cumplimiento. “A junio de 2024, ya debía haberse iniciado la contratación de las obras, y el juzgado no ha recibido reportes que demuestren avances significativos. El incumplimiento afecta directamente a comunidades de barrios como Villa de Dios, Tierra Linda, Las Vegas, Obregón y Villa Irina, entre otros, quienes siguen expuestos a aguas residuales y problemas graves de salud pública cada vez que llueve”, indicó Frayd Segura a PRIMERA LÍNEA.
La sentencia ampara derechos colectivos como el ambiente sano, el acceso a servicios públicos eficientes y una urbanización ordenada, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 472 de 1998. La Defensoría del Pueblo y la Personería de Aguachica también fueron vinculadas al proceso y deben entregar informes trimestrales sobre el estado del cumplimiento. La audiencia será clave para definir las responsabilidades administrativas y jurídicas que se derivan del desacato.
