22 septiembre, 2025
Aunque los responsables ya cumplieron sus penas bajo régimen especial, la JEP determinó que ahora deberán ejecutar medidas restaurativas
Última actualización septiembre 22, 2025 a las 09:31 am
Tras cumplir penas privativas de la libertad de entre cinco y ocho años, doce exintegrantes del Batallón de Artillería N.º 2 La Popa iniciarán ahora la fase restaurativa de la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su responsabilidad en 135 asesinatos de civiles cometidos entre 2002 y 2005.
La sentencia, emitida el pasado 18 de septiembre, calificó los crímenes como asesinatos y desapariciones forzadas que constituyen crímenes de lesa humanidad, ejecutados bajo un patrón sistemático y generalizado. Las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes —algunos menores de edad e indígenas Wiwa y Kankuamos— fueron reclutadas con engaños y posteriormente ejecutadas extrajudicialmente. Sus cuerpos eran modificados y presentados como “bajas en combate”.
Los nombres de las víctimas, muchas inicialmente reportadas como NN, fueron leídos en audiencia pública como acto de dignificación. “Llevo 21 años de luto”, dijo una familiar. Otra reclamó: “Mi hermano aún está desaparecido… el llanto de mi mamá no me deja en paz”.
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La JEP también señaló la incidencia del contexto político de la época, particularmente la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyos programas de redes de cooperantes e incentivos económicos fueron instrumentalizados para justificar las falsas operaciones militares.
Aunque los responsables ya cumplieron sus penas bajo régimen especial, la JEP determinó que ahora deberán ejecutar medidas restaurativas: construcción de un mausoleo conmemorativo, obras en territorio indígena y trabajo comunitario.
Este es el primer caso en que un tribunal colombiano reconoce un patrón criminal dentro del Ejército con participación de altos mandos, lo que marca un hito en la justicia transicional y en el camino hacia la verdad y la reparación.
