3 diciembre, 2020
Tres mujeres fueron culpadas de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Presuntas irregularidades se habrían presentado en la celebración y ejecución de un contrato de suplementación y complementación alimentaria nutricional para la recuperación de niños y niñas desnutridas o en riesgo de desnutrición, y de madres lactantes y gestantes en La Jagua de Ibirico, Cesar.
Así lo identificó un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en hechos ocurridos en diciembre de 2012.
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Por esta investigación fueron imputadas la exsecretaria de Salud municipal, Cenith Mireya Echavez Ospino; la interventora, Elena Amparo del Rocío Gómez Moreno; y la representante legal de la empresa contratista, Alenys Castilla Córdoba, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En las investigaciones se constató que el acta de liquidación del contrato se habría realizado sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y contenía valores que daban cuenta de supuestas inconsistencias.
El documento señaló que el contrato fue celebrado por $15.295 millones, de los cuales, aparentemente, se ejecutaron $15.080 millones. Los peritos establecieron que, en realidad, el plan de suplementación y complementación alimentaria nutricional tuvo un costo de $10.827 millones. Estas diferencias evidenciaron que el contratista, al parecer, se apropió ilícitamente $4.793 millones.
