6 octubre, 2026
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Gobierno prepara ajustes al mecanismo de consulta previa. La propuesta contempla digitalizar procesos y establecer plazos para evitar represamientos, sin desconocer el derecho de las comunidades a participar en decisiones que las afectan.
Última actualización octubre 6, 2026 a las 09:15 am
El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara cambios al sistema de consulta previa en Colombia, con el propósito de reducir los tiempos de trámite y evitar los represamientos que, según el Ejecutivo, han terminado retrasando proyectos en diferentes regiones del país.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la administración trabaja en una propuesta que contempla, entre otros aspectos, la digitalización de los procesos y el establecimiento de plazos para su desarrollo. “La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, señaló Lara al explicar la posición del Gobierno frente a la reforma que se prepara.
La propuesta plantea que los procesos puedan desarrollarse con mayor agilidad, con una meta de decisiones en un plazo aproximado de 90 días, aunque el Gobierno sostiene que el objetivo no es eliminar la consulta previa ni desconocer los derechos de las comunidades étnicas.
TE INTERESARÍA LEER: Chimichagua, Cesar, entre los municipios priorizados para la primera Semana del Derecho a la Identificación
El debate se concentra ahora en cómo lograr un equilibrio entre la necesidad de agilizar los procedimientos y la obligación de garantizar una participación efectiva de las comunidades en decisiones que puedan afectar sus territorios, cultura o formas de vida.
La consulta previa es un mecanismo de protección de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se aplica cuando una medida legislativa o administrativa, o un proyecto, obra o actividad, pueda afectar directamente a estas comunidades.
Los cambios anunciados por el Gobierno deberán avanzar en su trámite y generar un debate nacional sobre los tiempos de los procesos, las garantías de participación y el desarrollo de proyectos en los territorios.
