14 octubre, 2026
El proceso está relacionado con la adquisición de un lote de dos hectáreas, desprendido de la finca Villa Calzo y ubicado en el corregimiento El Desastre.
Última actualización octubre 14, 2026 a las 09:12 am
La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, no aceptó los cargos que enfrenta ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la compra de un terreno destinado a un proyecto de vivienda de interés social cuando se desempeñaba como alcaldesa de San Diego, en 2017.
La diligencia se realizó el martes 13 de octubre ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, donde la Fiscalía presentó elementos probatorios para sustentar la acusación contra la mandataria por los delitos de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El proceso está relacionado con la adquisición de un lote de dos hectáreas, desprendido de la finca Villa Calzo y ubicado en el corregimiento El Desastre. El terreno fue comprado mediante el contrato 17-046, firmado el 27 de febrero de 2017 por un valor de 88 millones de pesos.
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Según la Fiscalía, durante la etapa precontractual se habrían presentado anomalías en el procedimiento para adquirir el predio. Uno de los cuestionamientos apunta a que la Alcaldía estableció un plazo de 60 días para recibir ofertas, pero cerró el proceso apenas seis días después de recibir una única propuesta.
El ente acusador también cuestiona que no se hubiera gestionado un avalúo independiente del terreno y que la negociación se sustentara en un peritaje aportado por el vendedor, Juan Gerardo Arzuaga Rubio.
Otro elemento bajo revisión es el parentesco entre el vendedor y Armando José Arzuaga Rubio, quien para la época de los hechos se desempeñaba como concejal de San Diego. La Fiscalía considera que este vínculo podría ser relevante para determinar si se configuró una violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Durante la audiencia, la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela Rodríguez, presentó pruebas documentales y testimoniales relacionadas con el contrato de compraventa. Entre los testimonios solicitados figuran los de exfuncionarios que participaron en la estructuración del negocio, así como el de un perito financiero que deberá referirse a los presuntos sobrecostos.
La defensa de la gobernadora, representada por el abogado Alejandro Sánchez, manifestó que la mandataria no aceptaba los cargos imputados.
El proceso continúa en la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si las pruebas presentadas permiten establecer responsabilidad penal. Hasta el momento, la gobernadora no ha sido condenada por estos hechos.
