Los delitos imputados a Ramírez Uhía son contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
El Ministerio Público presentó ante el Juzgado Quinto Penal con Funciones de Conocimiento a 20 testigos en la audiencia preparatoria realizada en la Fiscalía 5 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración.
La Fiscalía asegura que el testimonio de 12 personas, entre las que figuran voceros y líderes comunitarios de las invasiones de Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte II, serán clave para demostrar la culpabilidad de Augusto Ramírez ‘Tuto’ Uhía en el proceso por el que es investigado.
Por si fuera poco, el ente de control cuenta además con la investigadora del CTI encargada de recaudar todo el material de prueba que permitió que se abriera la investigación penal en su contra y también a los propietarios de los terrenos que son ocupados ilegalmente por las familias supuestamente abordadas por el entonces candidato.
Ramírez Uhía y su defensa alegan que aquellas solo fueron promesas de campaña que estaban incluidas en el plan de gobierno presentado ante la Registraduría al momento de presentar su nombre como opción para la alcaldía de Valledupar.
Sin embargo, la Fiscalía insiste en acusarlo del delito corrupción al sufragante, ya que firmó actas de compromisos en los que prometió a los cabezas de hogar de cerca de 800 familias dejarlos ‘quietos y pasivamente’ en los inmuebles que estaban ocupando ilegalmente a cambio de su voto.
“El candidato a la alcaldía de Valledupar para el periodo en mención, quien hoy ostenta el cargo, cuando adelantaba actividades proselitistas para el 2011 en barrios subnormales de la ciudad que surgieron de invasiones donde se ubicaban alrededor de 800 familias que en promedio tenían dos adultos cada una aptos para votar, en su afán de obtener votos suscribió unos compromisos con los líderes de esos sectores en presencia de sus moradores, que fueron autenticados ante el notario, donde indicaba que una vez saliera elegido como alcalde los mantendría ‘quietos y pasivamente’ en los inmuebles que estaban ocupando. Además, que en su programa de gobierno incluiría un proyecto de construcción de 2500 viviendas dignas, requeridas en esas zonas”
Asegura la Fiscalía
Esta es la primera investigación por la que podría ser condenado el ahora alcalde de Valledupar, delito por el cual podría pagar entre cuatro y ocho años de cárcel y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Augusto Ramírez Uhía también está siendo investigado por la Procuraduría por la presunta irregularidad relacionada con el contrato de dación en pago que generó una deuda de más de $18 mil millones al municipio y otras investigaciones relacionadas a su gestión como alcalde de Valledupar.
Con 26 puntos en la tabla, Alianza Valledupar ocupa la décima casilla de la Liga.
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