Hechos

20 noviembre, 2019

Fiscalía captura a exsecretarios de Educación y General del Cesar

Jorge Eliécer Araujo y Jaime Luis Fuentes fueron condenados por detrimento al PAE, según la Contraloría General de la República.

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La Fiscalía General de la Nación hizo efectiva una orden de captura contra los exsecretarios del Cesar, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, quienes se presentaron de manera voluntaria en las instalaciones del CTI en Valledupar.

El proceso de los exsecretarios de Educación y General de la Gobernación del Cesar está inmerso en irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), durante 2015, fallo fiscal emitido por la Contraloría General de la República, por $1.723 millones.

Según el Ministerio Público, este proceso de responsabilidad fiscal se abrió el 12 de enero de 2017 y se falló en segunda instancia el 23 de agosto del 2018.

¿Por qué los sancionaron?

En enero de 2015, la Gobernación del Cesar firmó con un consorcio conformado por la Fundación Kábala, representada por María Angélica Araújo Noguera; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada por Ivis del Carmen Rosado Robles; y la Corporación Corazón País, representada por María Pacheco Izquierdo, inicialmente por $23.538 millones y un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar.

El costo pactado por ración para complemento alimenticio en la jornada de la mañana fue establecido en $1.760, y el del almuerzo en $2.330.

Pero, el anexo 2 de los estudios previos del contrato, preveía el valor del IPC, con un porcentaje del 4,4 %, dentro de los criterios para la determinación del valor de la ración.

De la misma manera el cálculo incluyó un 5 % para imprevistos, contemplando expresamente que dicho rubro se pagaba para prever cualquier alza en los precios de los alimentos. Se contempló también en el contrato otro 5 % de utilidad.

Originando calculó el precio de las raciones alimentarias incluyendo no solo un 4,4 % de incremento a partir del IPC, sino que la Gobernación pagó un 5 % adicional previendo eventuales alzas de precios.

El criterio entonces para establecer la actualización o revisión de los precios del contrato auditado por la Contraloría generó un reconocimiento adicional a favor del contratista, quien recibió tanto el 4,4 % por concepto de IPC, como un 5 % por concepto de imprevistos, con lo que se duplicó así la suma contemplada como utilidad del contrato.