Por: Jorge Rosado


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Exgobernador del Cesar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia

30 agosto, 2023

El exfuncionario oriundo de Pelaya, sur del Cesar, fue condenado a una pena de 4 años y 6 meses, por el delito contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

EXGOBERNADOR


Última actualización agosto 30, 2023 a las 12:44 pm

Se trata de Rodrigo Canosa Guerrero, quien fue nombrado por el gobierno de Uribe, mediante el Decreto 2835 el pasado mes de julio 26 del año 2007, para reemplazar a Hernando Molina quien en ese entonces era investigado por ‘parapolítica’. El exfuncionario oriundo de Pelaya, sur del Cesar, fue condenado a una pena de 4 años y 6 meses, por el delito contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condeno también a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 66 meses, 21 días; y al pago de una multa de $46.076.288 pesos.

De acuerdo con la sentencia condenatoria, Canosa Guerrero, en ese cargo tramitó y celebró los convenios 449 y 500 de 2007, con las fundaciones Funarkgo ONG y la Administradora Pública Grupo APC, respectivamente, violando los principios de transparencia y selección objetiva. Los hechos tienen que ver con actos ejecutados cuando se desempeñaba como gobernador del Cesar, en el periodo entre el 26 de julio del año 2007 y el 20 de diciembre de ese mismo año.

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“(…) A pesar de estar tramitando dos convenios que demandaban la destinación de cuantiosos recursos del departamento, dirigidos a la sensible misión de mejorar la calidad del servicio de educación de la población estudiantil Cesarense, no dispuso acto alguno de verificación para comprobar la idoneidad de las empresas contratantes, en especial si su objeto social guardaba relación con el cometido contractual, lo cual condujo a celebrarlos con ONG’S no idóneas para el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos”, señala la condena.

La Sala Especial de Primera instancia encontró que, se aludieron las modalidades contractuales que exigía la ley, y como consecuencia de ello, se violaron los principios de legalidad, selección objetiva, transparencia y responsabilidad de la contratación administrativa.