19 noviembre, 2024
El alcalde Ernesto Orozco Durán agradeció la visita de la Defensora, no sin antes describirle que “el posible desalojo genera preocupación y ansiedad entre los afectados”.
Última actualización noviembre 19, 2024 a las 12:10 am
Se cumplió la cita pactada aquella tarde del 27 de agosto de 2024, cuando el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, planteó a la entonces designada defensora del Pueblo nacional, Iris Marín Ortiz, lo difícil de cumplir lo ordenado en la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, en el predio privado Sabana 1, que implica desalojar a más de 5.600 familias de sus casas.
No pasaron tres meses. El encuentro se realizó en la Institución Educativa Ricardo González González de la capital del Cesar, precisamente en la comuna 5 donde están ubicados los asentamientos Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, en la denominada jornada de atención descentralizada para la comunidad, organizada por la Defensoría del Pueblo.
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, llegó muy temprano con todo su equipo de trabajo. Lo mismo hizo el alcalde Ernesto Orozco Durán, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, líderes de los sectores en mención, estudiantes e instituciones públicas y sociales invitadas para atender a los ciudadanos, migrantes, entre otros convocados.
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“La Defensoría del Pueblo ha tomado la decisión de acompañar este cumplimiento de una sentencia que habla de la obligación, no solo de garantizar los derechos a ciertos grupos de personas, sino también garantizándolos teniendo en cuenta el rol que tiene la Defensoría del Pueblo”, manifestó Iris Marín durante su discurso, donde aclaró: “Estaremos del lado de la comunidad garantizando sus derechos. Queremos ser garantes imparciales, garantes cuyo único propósito sea garantizar los derechos de todas las personas y particularmente el derecho de las personas más vulnerables de los barrios que circundan el colegio, y sabemos que tienen unas necesidades urgentes”, ratificó la Defensora del Pueblo.
Seguidamente, Orozco resaltó: “Estamos comprometidos a trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo para encontrar soluciones justas y equitativas. Nuestro objetivo es garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y que se tomen en cuenta las necesidades y circunstancias particulares de cada familia en Sabana 1, pero también darles garantías a los dueños de los predios”.
A este pronunciamiento se unió la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, quien pidió proteger a las mujeres, quienes son vulnerables en los sectores de Sabana 1: “Alcalde Ernesto Orozco, en esa gesta y en esa búsqueda implacable que usted tiene de legalizar los asentamientos ilegales en la ciudad, usted no está solo, cuenta con el concurso de mujeres que sabemos lo que se padece al interior del hogar y la familia. Gracias por venir a Valledupar doctora Iris, pero sentiremos que nuestros lazos de hermandad con una entidad que ve al ser humano como sujeto de derecho se consolidará el día que podamos hacer de Valledupar esa ciudad sin asentamientos ilegales”.
Finalmente, la Defensora del Pueblo se comprometió a liderar y acompañar en esta batalla al alcalde Ernesto Orozco, así definir y encontrar la ruta para darles una vivienda digna y atención con servicios a las cerca de 21.000 personas involucradas en este proceso, que pone en juego la vida de adultos mayores, niños, desplazados y cientos de sueños de quienes habitan debajo de un techo.
