
19 noviembre, 2026
El funcionario explicó las dificultades financieras y operativas de la empresa, así como las acciones que se adelantan para su recuperación en medio del proceso de intervención con fines liquidatorios.
Última actualización noviembre 19, 2026 a las 09:29 am
El agente especial de Emdupar, Antonio Nieto, compareció ante el Concejo de Valledupar, donde expuso la situación financiera, administrativa y operativa de la empresa, a la que calificó como inviable, pese a los esfuerzos que actualmente se adelantan para garantizar su recuperación.
Durante la sesión, el funcionario respondió a las inquietudes de los concejales y la comunidad, y explicó que, aunque la empresa se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con fines liquidatorios, se están implementando medidas orientadas a su reestructuración.
Nieto señaló que entre las alternativas para el futuro de Emdupar están continuar sin cambios, liquidar la empresa y crear un nuevo prestador o encaminar su reestructuración, siendo esta última la apuesta que actualmente se ejecuta mediante el plan de choque 30-60-90.
Entre las principales dificultades, el funcionario destacó la presión que ejercen los gastos y las obligaciones financieras, incluyendo la nómina, sobre los recursos destinados al mantenimiento y la inversión. A esto se suma una cartera cercana a los $120.000 millones y un elevado nivel de pérdidas de agua, cuya medición incompleta dificulta la priorización de soluciones.
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Estas condiciones, explicó, han llevado a que la intervención se prolongue hasta tres años, debido a que persisten las causales que motivaron la medida y que limitan la capacidad de recuperación financiera de la empresa.
En cuanto a la distribución presupuestal, el agente especial detalló que el 50,6 % de la apropiación inicial está destinado al funcionamiento administrativo; el 38,22 %, al funcionamiento operativo; el 10,29 %, a inversión, y el 1,43 %, al servicio de la deuda pública.
Actualmente, Emdupar trabaja en acciones de corto plazo como la actualización del catastro de usuarios y de redes, la digitalización de su operación, la reparación del tanque de La Popa y el fortalecimiento de los sistemas de medición para reducir las pérdidas de agua, así como la instalación de macromedidores en sectores donde no se registra el pago del servicio.