Por: Jorge Rosado


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El proyecto de César Lorduy que tiene indignados y preocupados a los compositores

Con la modificación del proyecto se busca que la autoridad competente no cierre los establecimientos que ofrecen música a sus clientes, cuando estos no le hayan pagado el impuesto establecido a Sayco.

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El Representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, César Lorduy, ha hecho que compositores, e hijos como representantes legales de los mismos, elevaran una voz de protestas mediante comunicados de prensa publicados en redes sociales.

El pasado 14 de abril del presente año, fue aprobado el Proyecto de Ley No. 152 de 2020 en la Comisión Primera, “por medio de la cual se dictan normas para la Regulación del Ejercicio de las Libertades Económicas y se establecen otras disposiciones”.

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Este fue el detonante para que muchos compositores se opusieran a dicho proyecto, que busca regular el ejercicio de las actividades económicas y establecer disposiciones para fomentar la libre empresa y sostenibilidad de todo tipo de empresas.

El congresista Lorduy lidera el proyecto, quien manifestó lo siguiente: “Dejamos constancia que en ningún caso los establecimientos de comercios podrán ser cerrados por falta de pago a favor de privados”.

Con la modificación se busca que la autoridad competente no cierre los establecimientos que ofrecen música a sus clientes, cuando estos no le hayan pagado el impuesto establecido a Sayco como entidad recaudadora del pago de derechos de autores y compositores; es decir, no sería obligación el pago de dicho impuesto.

Voces en contra de la iniciativa

“Una cosa son las libertades económicas y otra el uso sin pago de obras musicales pertenecientes al patrimonio económico de los autores. Es inconstitucional desde donde se mire. Si quieren ayudar a los establecimientos quiten más bien tanto IVA. Con respeto analicen bien el tema”, indicó el compositor Wilfran Castillo.

Por otra parte, hijos de Diomedes Díaz, Romualdo Brito entre otros, han manifestado su descontento con la modificación del proyecto, al alegar que, “las obras hacen parte del patrimonio de los compositores, pretender promocionar el comercio cercenando el derecho de los autores, es un crimen, donde solo existe un 15% de los establecimientos que pagan el impuesto”.