Sobre una riqueza prestada por la naturaleza, rodeados de grandes montañas de carbón y al ritmo del sonido producido por las máquinas caminan en El Hatillo, población naciente del miedo de algunos campesinos que eran perseguidos por las balas.
La familia Imbreth fue una de esos que huyendo de Los Chulavitas, como se le denominaba al colectivo de ataque del gobierno del expresidente Laureano Gómez, que buscando refugio en una zona alta, de extensas montañas, ubicada a la orilla del río Calenturitas, fijó una parcela para salvaguardarse de sombras como la muerte.
Eso pasó hace unos 150 años. De esos descendientes hay nombres muy frescos en este territorio desértico, donde la temperatura sobrepasa los 40 grados celsius la mayor parte del día, como el de Calendario Parra, quien dejó a su esposa, 12 hijos, nietos y bisnietos, ocupando un terreno considerado como el boleto de salida a un nuevo territorio.
El Hatillo, una vereda ubicada a unos 15 minutos del corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso, Cesar, es una de esas zonas llenas de carbón por todas partes: patios, salas y hasta terrazas.
Los hatillanos tienen que salir, involuntariamente de sus tierras, porque desde hace más de tres décadas con la llegada de la minería de carbón a cielo abierto, las fuentes de ingresos se redujeron, los campos para siembra hoy son enormes socavones, botaderos con pilas gigantescas de estéril de minas, y lo más grave; el aire que respiran no es puro, porque está contaminado.
Fue por eso que en 2010, las multinacionales Drummond, Prodeco y CNR, por disposición de las resoluciones 970 y 1525, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fueron obligadas a reasentar a El Hatillo y a Plan Bonito, en El Paso, y a Boquerón en La Jagua de Ibirico, por estar a menos de 200 metros del área de influencia de sus proyectos mineros.
A pesar de caminar con la riqueza entre pisada y pisada, la resolución dio un plazo para ejecutar el reasentamiento por medio de un Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), no superior a los dos años, teniendo en cuenta los altos niveles de contaminación en esa zona.
Jesualdo Vega Camacho es uno de esos residentes con la mente llena de recuerdos de su pueblo.
“Una comunidad netamente campesina, su gran parte económica para la época era generada por la ganadería, la agricultura, la pesca y caza de animales, aproximadamente hasta los años 1988 y 1990, que es cuando llega la minería y fue transformando a la comunidad”, relató.
La minería tomó espacios tan importantes que terminó con terrenos frutales y hasta para siembra. Actualmente, El Hatillo se redujo a unas 24 hectáreas, de unas 100 que en otrora existieron.
Los habitantes atendieron, de a poco, la advertencia a retirarse de sus terruños para darle paso a lo que es una realidad, la producción de minerales, que solo en 2018 produjo un incremento del 20 % en regalías para Colombia.
Entre los años 2007 y 2008 se dio la posibilidad del reasentamiento, a través de la empresa Carbones del Cesar, que contrató a una ONG como operador llamada CETEC, encargada de trabajar con la comunidad e irla preparando para lo que todo el mundo presentía.
Fue así como los habitantes crearon la asociación Asocaproa, que tuvo como presidente a Jesualdo Vega Camacho, un hombre de hablado preciso, mirada penetrante y amplio verbo para dialogar.
“En el 2008 el proceso se paró, no lo seguimos, de ahí nosotros, entre 42 familias, colocamos un derecho de petición ante el Ministerio de Minas y Energía en su momento, para que se agilizara lo que ya se hablaba de una resolución donde obligaban a las tres empresas mineras para que se diera el proceso de reasentamiento. De ahí sale la resolución 0970, modificada por la 1525 de agosto de 2010”, contó Camacho.
La orden del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fue el camino de los hatillanos para salir del centro de las explotaciones mineras. “Es compleja la situación porque nadie quiere salir. La mayoría de personas se han criado aquí, son pocos los que han tenido la oportunidad de estar en otro lado, y salir de donde ha tenido tranquilidad no es fácil, pero en vista de estar cercados por la contaminación, la polución a la hora de la explotación mineras, el despeje de tantas cantidades de hectáreas que antes eran montañosas, muchos se han concientizados de que realmente no hay otra alternativa: no es que haya sido voluntariamente, sino que no nos queda otra opción”, recalcó el actual secretario de la Junta de Acción Comunal de El Hatillo y representante del Comité de Concertación del Plan de Acción de Reasentamiento ante las empresas mineras cobijadas con la medida del Gobierno Nacional.
Al Comité de Concertación le tocó buscar experiencias a nivel internacional porque en Colombia no existen leyes para este tipo de situaciones: “es un proceso nuevo porque no hay una ley, una norma en ninguna parte del mundo, hay son unas políticas establecidas por el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo”.
Agotado los recursos y pasar las tristezas de ver partir familiares, amigos, con un sueño que no fue cumplido, la hora final llegó gracias al grado de confianza entablado entre el Equipo Técnico de Reasentamiento y la comunidad.
“Al final entendimos que primero debíamos cambiar la forma como veníamos haciendo el tipo de negociación”, ese concepto fue clave para encontrarle una salida al reasentamiento de El Hatillo, aseguró Jesualdo Vega.
El Equipo Técnico de Reasentamiento contrató a Socya, operador que se encargó de construir con base a los lineamientos de los censos realizados en 2012 y 2014, el Plan de Acción que cobija a más de 762 personas.
“Le llegamos a proponer al operador (Socya) que construyera el PAR y luego si negociaríamos empresas junto a nosotros. Entendimos que sí lográbamos que ellos nos entregaban el PAR, sabríamos cómo debería ser la negociación; paso a paso, capítulo por capítulo y así lo hicimos en más de 200 reuniones, más de 1.000 horas”, apuntó el vocero de la comunidad.
Un punto a favor de El Hatillo se centró en que sus siete representantes ante las empresas mineras salieron a mirar otras experiencias de reasentamiento en Colombia y también fuera de ella: “nos sirvió tener otros ejemplos porque hubo cosas que nosotros no veíamos en otras partes y para nuestra gente sí las logramos”.
Puntos claros como que en otros procesos no encontraron respaldo para el caso de los arrendatarios y prestatarios para vivienda; en El Hatillo hicieron que la persona tenga derecho a una vivienda, de tipo social y acorde a los estándares básicos; segregaron familias extensas y las ubicaron por nuevos hogares; para la tercera edad encontraron garantías para una estabilidad económica de por vida; también educación gratuita, el pago del cien por ciento para la matrícula de los jóvenes hatillanos y además consiguieron que les pagaran dos salarios mínimos semestrales, uno al inicio y otro al finalizar para el sustento.
“Lo más difícil para mí en este proceso de reasentamiento fue generar confianza, lograr confianza entre comunidad, empresa y a veces entre las mismas personas de entes gubernamentales, porque mientras que no hubiese confianza llegar a un tipo de negociación era muy difícil, pero al final lo hicimos”, dijo con voz de esperanza Vega Camacho.
Después de un largo proceso de formulación, concertación y refrendación sobre las condiciones que garantizarán el restablecimiento integral de la calidad de vida de más de 200 familias, el 30 de noviembre de 2018, y después un larga negociación, las empresas mineras firmaron el Plan de Acción de Reasentamiento con la comunidad de El Hatillo. La firma materializa la opción de trasladarse al Nuevo Hatillo, que se sumará al PAR firmado con la comunidad de Plan Bonito, reubicado en 2014.
El Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) concertado se sustentó en los lineamientos para reasentamientos involuntarios del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y abordará los componentes de hábitat y vivienda, actividades económicas, y redes sociales y culturales de los habitantes de esta población.
Los líderes confían en que El Nuevo Hatillo se configure como el modelo para cualquier proceso de reasentamiento tanto en Colombia como en el mundo, dado que la minería es, en los últimos años, una de las locomotoras de impulso económico para financiamiento de proyectos por el Gobierno Nacional. Tanto así, que el sector minero-energético es catalogado como prioritario para cimentar el crecimiento de la economía del país.
En el Cesar las minas están ubicadas en el centro del departamento. El carbón de la zona es especial porque contiene características como ser bituminoso, alto en volátiles, con bajo contenido de azufre y cenizas. Eso lo hace uno de los más comprados en el mundo. Son tres empresas que actualmente sacan carbón del Cesar: Drummond, CNR y Grupo Prodeco (Glencore), en proyectos como La Loma, El Descanso, La Jagua, Yerbabuena, Calenturitas, La Francia, El Hatillo y La Divisa (Cerro Largo).
¿Qué viene? Es la incógnita de Los hatillanos, que mantienen las expectativas de irse a su nuevo territorio y formar lazos de hermandad, como lo han hecho durante 150 años.
“Hay una incertidumbre, pero como líderes nos sentimos más tranquilos porque este PAR es un éxito. Hoy en día hay de dónde agarrar la persona y saber a qué tiene derecho. Ahora viene la transición, que es mientras estamos aquí y nos vamos al nuevo sitio, donde tenemos la incertidumbre porque se habla de mejorarles la calidad de vida a nuestros habitantes”,
Jesualdo Vega Camacho.
El PAR firmado congrega tres pilares fundamentales: Hábitat y Vivienda; Redes Sociales y Culturales; Base Económica. Todas incluyen una serie de impactos y medidas que sustentan un nivel colectivo y otro familiar, en donde se hace la revisión específica de las características y condiciones de vida de cada familia u hogar de El Hatillo.
Una vez firmado el PAR, los actores involucrados en este proceso tendrán un plazo de hasta cinco años para ponerlo en marcha. Sin embargo, la comunidad confía en que no pasen muchos días para salir a crear y a adaptarse a un nuevo estilo de vida.
Para la firma del PAR se materializó la selección del predio para el reasentamiento colectivo, escogido por 106 familias de la comunidad, y lleva por nombre Mata de Palma, ubicado en el mismo municipio de El Paso, establecido como el sitio con las mejores características donde se edificará El Nuevo Hatillo.
Antes, durante y después de esta puesta en marcha las empresas mineras brindarán programas transversales, entre ellos: plan de comunicaciones, acompañamiento psicosocial, sistema de gestión PQRS, plan de capacitación integral, asistencia jurídica, sistema de seguimiento y monitoreo.
“Deseamos que Dios nos permita muchos años más y ver ese Nuevo Hatillo, que es el sueño de muchos de nosotros, para eso fue que logramos durante esos ocho años hacer un Plan de Acción de Reasentamiento, que ha sido un PAR garantista, con todas las normas. Si nos equivocamos fue inconscientemente porque a la larga, nosotros mismos como líderes, hacemos parte de este proceso”, puntualizó Jesualdo Vega.
La resolución 970
El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo ordenó a las empresas que explotan carbón el Cesar, por medio de la resolución 970, revisada por la 1525 del 2010, reasentar las comunidades de los corregimientos de Boquerón, El Hatillo y Plan Bonito, por causa de la contaminación ambiental ocasionada por causa de esta actividad.
La resolución 0970 obligó a las empresas a constituir una fiducia de patrimonio autónomo para financiar el reasentamiento, dividida de la siguiente manera: 51 % de Drummond; 40 % de Prodeco; y 9 % de CNR.
El Plan de Acción de Reasentamiento
El Plan de Acción de Reasentamiento concertado entre las partes se sustenta en los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial; aborda los componentes de hábitat y vivienda, actividades económicas, y redes sociales y culturales de los habitantes de esta población.
Inicio del proceso
Según los censos realizados al inicio del proceso, las familias involucradas en el reasentamiento, incluyendo residentes y no residentes, eran 172 familias en Plan Bonito y 277 familias en El Hatillo. En Boquerón no se ha efectuado el censo, pero se estima que haya alrededor de 350 familias.
Comunidades campesinas
Las comunidades campesinas asentadas en El Hatillo tienen la condición legal de ocupantes de baldíos, las cuales son reconocidas por el estado colombiano a través de la Ley 160 de 1994 o Ley de Reforma Agraria.
Proceso de reasentamiento
El proceso de reasentamiento para la comunidad del Hatillo inició en el año 2008 cuando la Compañía de Carbones del Cesar S.A. El proceso se paralizó porque las tierras pasaron a manos de la compañía Colombian Natural Resources.